El diputado José Chic pidió al fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna, que cambie de sede fiscal el caso penal contra la exfical Consuelo Porras, para que el caso de las adopciones ilegales pase a otra sede fiscal por dudar de la imparcialidad. Además, remitió otras dos peticiones.
Chic explicó que si bien este caso inició hace unos meses, “misteriosamente”, el expediente quedó a cargo de la Fiscalía de delitos contra operadores de justicia y sindicalistas. “Una Fiscalía que no es la idónea para investigar este caso” argumentó.
El legislador también mencionó que al parecer el caso a vuelto a cambiar de encargado hacia la Fiscalía Regional II con Silvia Monterroso. “Al final del día, ni la fiscal Leonor Morales, ni la fiscal Silvia Monterroso deberían de haber tenido este expediente por competencia” aseguró.
“Lo que se está solicitando es que el caso pase a la fiscalía de trata o a la fiscalía de delitos transnacionales dado que involucra una serie de delitos cometidos por personas nacionales, pero también por algunas personas extranjeras” expuso Chic ante los medios de comunicación.
Por declaraciones brindadas de la fiscal de niñez, las cuales, no detalló, considera que duda de la imparcialidad que pueda haber en el caso y pidió al fiscal García Luna que considere sus peticiones para que el caso sea enviado a una fiscalía pertinente.
Porras es acusada de participar en adopciones ilegales de al menos 80 menores indígenas del Hogar Temporal Elisa Martínez. Los menores fueron entregados a familias extranjeras. El proceso incluso es tramitado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Pide hacer pública la tabla de salarios e indemnizaciones de Porras
El diputado Chic también envió otra petición al fiscal para que haga pública la tabla salarial y la indemnización de Porras al final de su mandato de 2018-2026; del secretario general, Ángel Arnulfo Pineda Ávila, y de jefe de la fiscalía contra impunidad, Rafael Curruchiche.
Argumentó que los salarios de los tres funcionarios se mantuvieron en reserva y que “nunca debieron estar bajo reserva” e indicó que para iniciar una administración fiscal nueva y deferente “esto debe hacer público” e instó al fiscal para que exponga estos datos.
La última iniciativa es para García Luna retire el personal policial que se mantiene afuera de la Universidad San Carlos de Guatemala porque considera que ya no es necesario un dispositivo de seguridad.
