La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús denunció mediante un comunicado que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se tomó con la fuerza policial la residencia en Managua donde habitaban 6 sacerdotes jesuitas, quienes fueron expulsados sin permitirles cargar sus pertenencias.
Mediante nota de prensa desde El Salvador, la Compañía de Jesús confirmó que la propiedad no le pertenece a la Universidad Centroamericana, confiscada y tomada por el régimen sandinista por un oficio judicial donde acusan a los directivos de “terrorismo”.
“A comienzos de la tarde de este sábado 19 de agosto, la policía nicaragüense se presentó junto a miembros del poder judicial en la vivienda de los jesuitas, residencia Villa Carmen (al lado de la UCA, pero propiedad de la Compañía de Jesús), para exigir su desalojo argumentando que esa vivienda es también propiedad del Estado de Nicaragua”, denunciaron.
Según la Compañía, los sacerdotes mostraron a los agentes la documentación de escritura de propiedad que demuestra que no es como un bien inmueble de la UCA sino propiedad de la Compañía de Jesús.
No obstante, los agentes hicieron caso omiso de la documentación y se les obligó a abandonar la casa.
“Los 6 miembros de la comunidad obedecieron las órdenes de la autoridad y se retiraron de la vivienda. Los jesuitas desalojados se encuentran bien en un lugar seguro”, dijo la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, que condenó el atropello.
Según medios locales, los sacerdotes expulsados se vieron obligados a trasladarse a la comunidad San Ignacio del Colegio Centroamérica, en Managua.
El asalto policial de la vivienda de los jesuitas sucede horas después que Estados Unidos sancionara a 100 funcionarios sandinistas, señalados de participar en los esfuerzos por reprimir a las organizaciones de la sociedad civil, cerrar espacios cívicos como el de la Universidad Centroamericana y detener injustamente a individuos valientes que apoyan una sociedad civil libre, incluyendo al obispo Rolando Álvarez, encarcelado por el régimen Ortega-Murillo desde hace un año”.
La dictadura se tomó la UCA el pasado 16 de agosto, basada en un oficio girado por la jueza orteguista Gloria María Saavedra Corrales, quien acusó sin juicio abierto a la casa de estudios de los supuestos delitos de terrorismo, traición a la patria y conspiración.
Repercusión internacional
El asalto de la dictadura a la UCA ha generado críticas y reacciones de condena de sectores religiosos internacionales y países críticos al régimen sandinista, como Estados Unidos y Colombia.
Mientras Estados Unidos condenaba y sancionaba a funcionarios de la dictadura, Colombia emitió un comunicado este sábado manifestando “su preocupación” por la confiscación de la UCA de Nicaragua, y condenó “con vehemencia todas las medidas que limitan la libertad religiosa, de cátedra y de expresión” en ese país centroamericano.
Nicaragua respondió a Colombia con un comunicado furibundo e insultante: según el régimen, el pronunciamiento de Colombia “nada tiene de fraternidad nuestroamericana” y más bien la acusó de haber sido “expresada con insolencia e ignorancia vulgar sobre la corrección en el manejo de los asuntos entre los Estados”.
“El servilismo, repetimos, o la servidumbre de esclavos frente a los amos imperiales, no encubre los propios males, la desintegración social, la narco-política, la corrupción crónica, el engaño, el desfalco, la estafa, y el imperdonable despilfarro de la confianza y las esperanzas de un pueblo”, dice el comunicado de la dictadura sandinista.
