La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control de los gobernantes sandinistas, ratificó en Segunda Legislatura la reforma al Artículo 21 de la Constitución Política, despojando de la nacionalidad a los nicaragüenses sentenciados por delitos catalogados como “traición a la patria”.
La reforma, aprobada durante la Sesión Especial en Conmemoración del 157 Aniversario del Natalicio del Poeta Universal Rubén Darío, fue respaldada a mano alzada por los legisladores sandinistas.
La Ley Especial, vinculada a esta modificación, detalla que las personas sentenciadas conforme a la Ley N°. 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada el 22 de diciembre de 2020, perderán su nacionalidad nicaragüense.
Asamblea Nacional aprobó durante la Sesión Especial en Conmemoración del 157 Aniversario del Natalicio del Poeta Universal Rubén Darío, la reforma al artículo 21 de la Constitución Política https://t.co/gOf3b07ych pic.twitter.com/vc1UZwHZDv
— Asamblea Nacional Nicaragua (@AsambleaNi) January 19, 2024
El presidente del parlamento, Gustavo Porras, sancionado por violaciones de derechos humanos, justificó la medida argumentando que “aquellos que traicionan a Nicaragua no pueden considerarse hijos del país”, respaldando así la pérdida de la nacionalidad bajo el discurso estigmatizante de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Cabe destacar que esta reforma va en contra de los Principios Interamericanos sobre los derechos de las personas migrantes, los cuales garantizan el derecho a la nacionalidad y prohíben la privación arbitraria de la misma.
Además, la enmienda constitucional y la ley especial fueron aprobadas en febrero de 2023, coincidiendo con la excarcelación y expulsión a Estados Unidos de 222 prisioneros nicaragüenses, incluyendo líderes opositores, sacerdotes y críticos al régimen de Daniel Ortega.
Otro grupo de 94 personas, mayormente exiliados, también fueron dejados en situación de apatridia el 15 de febrero del mismo año.
La dictadura de la familia Ortega-Murillo ha sido señalada por diversos organismos de derechos humanos por la comisión de crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones, violaciones, secuestros, destierros, torturas, desapariciones y otros hechos atroces.
