Decenas de familias residentes en el reparto El Carmen, en Managua, enfrentan la amenaza de desalojo tras recibir notificaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), respaldadas por la Policía Nacional, advirtiéndoles que deben abandonar sus viviendas o serán expulsadas por la fuerza, según denunciaron afectados.
Los inmuebles en cuestión se encuentran dentro del perímetro de seguridad que rodea la residencia de la familia dictatorial integrada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, una zona que ha sido ampliada desde la crisis sociopolítica de 2018.
La vigilancia en el área incluye retenes, garitas, patrullajes permanentes y sistemas de monitoreo con cámaras, drones y perros rastreadores.
Fuentes conocedoras del operativo señalaron que existe una zona de exclusión de aproximadamente 200 metros alrededor de la residencia de la pareja en el poder, de donde están desplazando a quienes no sean considerados de confianza. Además, se ha establecido una segunda área de seguridad externa.
Entre las familias afectadas hay exfuncionarios, militantes sandinistas, opositores y residentes con décadas viviendo en el sector, algunos de los cuales llegaron en los años 80 tras la confiscación de propiedades durante el primer gobierno sandinista.
Según testimonios recogidos por el diario La Prensa de Nicaragua, los desalojos se realizan sin indemnización y sin tomar en cuenta si los propietarios poseen escrituras de sus viviendas.
En algunos casos, la medida se ha aplicado primero en casas abandonadas cuyos dueños migraron o dejaron el país por temor a la cercanía de la familia Ortega Murillo, quienes habitan una mansión desde 1979, que fue confiscada a la familia del banquero Jaime Morales Carazo.
“Muchas familias ya se fueron, otras tienen sus pertenencias empacadas esperando la orden de desalojo. La zona está llena de policías y camiones de la Alcaldía de Managua, que entran y salen con los muebles de las casas desalojadas”, relató un vecino bajo condición de anonimato.
“A las familias les están permitiendo llevarse todo, incluso desmantelar sus casas. Hay personas quitando puertas, ventanas y baños antes de abandonar el lugar”, explicó otro afectado.
Desde su regreso al poder en 2007, la familia presidencial ha blindado la zona donde reside, transformándola en un complejo cerrado que se ha expandido progresivamente.
Tras la crisis de 2018, la seguridad se intensificó, restringiendo la movilidad de los vecinos, afectando la actividad comercial y generando un ambiente de vigilancia permanente.“Nos dieron 24 horas para sacar nuestras cosas y abandonar la casa, que compramos en los años 90 y que está valorada en 90.000 dólares. No es una propiedad regalada ni confiscada, la adquirimos legalmente”, expresó una propietaria que pidió anonimato.
Represión y temor entre los afectados
Las denuncias indican que varias personas han sido detenidas por negarse a abandonar sus viviendas o por publicaciones en redes sociales contra el régimen.
“Han arrestado a vecinos y nadie sabe su paradero. También hay gente que no habla por miedo. Sé de familias que vivieron allí toda su vida y ahora están siendo expulsadas sin explicación”, señaló otro residente.
Según fuentes locales, más de 50 viviendas han sido desocupadas y aún no está claro qué ocurrirá con ellas. Algunas versiones apuntan a que podrían ser utilizadas para la construcción de una base militar o para albergar a grupos paramilitares encargados de la seguridad del núcleo gobernante.
