El Instituto Segovia para el Liderazgo y la Transformación Social denunció este lunes 25 de agosto que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo entregó sin vida al preso político nicaragüense Mauricio Alonso Prieto, detenido en medio de redadas represivas el pasado 18 de julio en la ciudad de Jinotepe, Carazo.
La familia recibió la noticia del Instituto de Medicina Legal, sin explicaciones sobre la causa de su muerte.
Según la denuncia, Alonso Prieto fue secuestrado junto a su esposa e hijo durante la madrugada del 18 de julio, víspera de la conmemoración oficial del 19 de Julio.
La mujer fue liberada el mismo día, pero él y su hijo permanecieron en detención clandestina. Durante más de un mes, sus familiares lo buscaron sin éxito en hospitales, cárceles y oficinas estatales, hasta recibir este 25 de agosto la confirmación de su fallecimiento.
La defensora de derechos humanos Haydée Castillo declaró en redes sociales que la familia del opositor está “aterrorizada” y advirtió que la muerte constituye un nuevo crimen de lesa humanidad atribuible a la dictadura.
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Antecedentes de muertes en prisión
El caso de Alonso Prieto no es único. Desde 2013, al menos 6 presos políticos murieron bajo custodia del régimen.
Entre ellos figuran el general en retiro Hugo Torres Jiménez, fallecido en febrero de 2022 tras 244 días de detención arbitraria; José Modesto Solís Aguilar, muerto en diciembre de 2023; y Eddy Montes, asesinado a balazos por guardas penitenciarios en 2019.
A ellos se suma Santos Flores Castillo, quien murió bajo torturas tras denunciar la violación de su hermana de 15 años por parte de Daniel Ortega en 2011. Producto de la denuncia, la policía sandinista secuestró a la familia de Flores y el padre de la menor fue torturado hasta su muerte 2021.
La trayectoria represiva contra Alonso Prieto también estaba marcada por su denuncia pública en 2013 contra Daniel Ortega, a quien acusó de haber violado a su hermana menor de edad, Elvia Junieth Flores Castillo, acusación confirmada por ella misma.
Desde entonces, fue objeto de hostigamiento, encierro y torturas. Según versiones de su familia, el cadáver presentaba señales de mutilación, entre ellas ausencia de lengua y uñas, un patrón descrito en otros casos de prisioneros sometidos a tormento.
Mas recientemente, Humberto Ortega Saavedra, hermano del propio dictador, murió bajo custodia en septiembre de 2024, tras su detención por criticar la deriva autoritaria de Ortega y su cruel pareja, Rosario Murillo.
Reacciones y denuncias internacionales
“El régimen Ortega-Murillo ha vuelto a demostrar que utiliza las cárceles como centros de exterminio político”, señaló el Instituto Segovia en un comunicado, en el que exigió a la comunidad internacional “acciones contundentes” para frenar la represión en Nicaragua.
El organismo recordó que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas ya ha documentado la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país centroamericano, con la participación de más de 50 funcionarios de alto nivel del régimen.
La organización Christian Solidarity Worldwide (CSW), con sede en Londres, había exigido a finales de julio la liberación inmediata de Alonso Prieto y de otros detenidos arbitrariamente.
Entre ellos estaba incluido el pastor protestante Rudy Palacios Vargas, fundador de la Asociación de Iglesias La Roca, actualmente recluido en la cárcel de máxima seguridad La Modelo.
Alonso Prieto, expresidente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS, hoy Unamos), mantenía estrechos vínculos con Palacios Vargas y con el movimiento evangélico en Jinotepe.
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Crimen de Estado
La muerte de Mauricio Alonso Prieto en custodia penitenciaria eleva el número de víctimas de la represión carcelaria de los Ortega-Murillo y constituye, según organizaciones de derechos humanos, un crimen de Estado.
“Hasta el día de hoy, su familia recibe una llamada de Medicina Legal y lo están entregando muerto. No hay excusas posibles: el régimen es responsable directo de esta ejecución”, denunció el Instituto Segovia.
La noticia golpea a Nicaragua en un contexto de máxima presión internacional. En agosto de 2025, Estados Unidos intensificó sanciones y advertencias contra el régimen por violaciones sistemáticas de derechos humanos, mientras organismos internacionales reiteran llamados a la rendición de cuentas.
