La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desató una nueva ofensiva represiva en el norte de Nicaragua, con el arresto arbitrario de al menos 20 personas, entre ellos dos exalcaldes del partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL), exconcejales, exmilitares y líderes locales en los departamentos de Jinotega y Matagalpa.
Los exalcaldes Óscar Gadea Tinoco, de Santa María de Pantasma, y Noel Moreno, de San Sebastián de Yalí, ambos en Jinotega, fueron detenidos este fin de semana por la Policía subordinada al régimen, casi dos años después de haber sido desalojados por la fuerza de sus cargos en julio de 2022, cuando la dictadura ordenó la ocupación policial de las cinco alcaldías que entonces estaban bajo control de CxL.
Desde entonces, Gadea y Moreno permanecían en bajo perfil tras haber sido sustituidos por funcionarios del oficialista Frente Sandinista, en un contexto de cancelación de partidos políticos, persecución judicial y control absoluto del régimen orteguista sobre los gobiernos locales.
Las detenciones, realizadas entre el 17 y 18 de mayo, se produjeron sin órdenes judiciales, mediante redadas simultáneas en zonas rurales. Figuran entre los detenidos el exteniente coronel Ronald Leiva Silva, alias “Paul”, quien fue jefe de inteligencia militar en Matagalpa en la década de 1990, y escolta del general en retiro Álvaro Baltodano hasta hace poco más de un año.
Baltodano, un exaliado del régimen, también fue arrestado el pasado 14 de mayo en su finca de El Tuma-La Dalia, Matagalpa, y a raíz de ello inició la redada.
La presidenta de CxL, Kitty Monterrey, denunció desde el exilio en declaraciones a medios independientes que “esta nueva escalada represiva es una muestra de la situación de falta de libertades que viven los nicaragüenses”, y exigió la liberación inmediata de los detenidos.
“Se trata de ciudadanos que ejercieron cargos de elección popular de manera legítima, antes de que el régimen cerrara totalmente los espacios de participación política”, expresó Monterrey.
Entre los arrestados también figuran Víctor Fornos, exalcalde del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en Yalí, su hijo Víctor Ramón Fornos; los exconcejales Agenor Úbeda y su hijo Marcos Úbeda, Hernán Herrera, Janeth Castilblanco; así como Fidencio Matute, Harling Matute, Sergio Peralta y otros ciudadanos opositores.
Tres escoltas del general Baltodano también fueron capturados: Carlos Parrilla (originario de Estelí), y dos exmilitares identificados solo como Pablo y Óscar.
Un patrón represivo contra antiguos aliados
Analistas independientes consideran que esta ofensiva no solo busca desarticular antiguos liderazgos opositores territoriales, sino también neutralizar figuras del sandinismo histórico que ahora son percibidas como amenazas internas por el círculo de poder de Ortega y Murillo.
En esta misma línea fue arrestado el general en retiro Francisco Orlando Talavera Siles, exjefe militar de la región de Jinotega y Matagalpa, quien ya había estado preso en 2024. Talavera trabajó para la empresa estatal Enitel hasta 2020.
Las redadas coinciden con el endurecimiento del control territorial por parte del régimen, luego de haber confiscado más de 3,000 organizaciones de la sociedad civil, universidades privadas y medios de comunicación desde 2018.
Desde abril de ese año, Nicaragua atraviesa una profunda crisis política y de derechos humanos. La represión estatal contra las protestas civiles dejó más de 300 muertos y más de 2,000 personas encarceladas en distintos momentos. A ello se suma el exilio forzado de más de 1 millón de nicaragüenses.
Expertos de Naciones Unidas han documentado crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, incluyendo el uso sistemático del destierro, la pérdida arbitraria de nacionalidad y la criminalización de toda forma de disidencia.
