El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dado un nuevo paso en la consolidación de su sistema de opacidad y corrupción con el envío a la Asamblea Nacional de una nueva Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, que excluye a la policía y ejército de cualquier fiscalización sobre sus adquisiciones y compras.
La iniciativa, que será aprobada sin obstáculos por el Parlamento controlado por el oficialismo, permite que ambas fuerzas al servicio de la dictadura familiar adquieran equipos, bienes y provisiones sin necesidad de rendir cuentas a la Contraloría General de la República ni someterse a procesos de licitación pública.
Compras secretas y sin supervisión
El artículo 4 del proyecto establece que las compras relacionadas con la defensa nacional, la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden interno quedarán exentas de cualquier control de transparencia. Además, la excepción se extiende a adquisiciones para avituallamiento de la policía y el ejército, incluso “en estado de paz”, lo que abre la puerta a un uso discrecional del presupuesto.
La medida llega en un contexto en el que Nicaragua figura como la administración más corrupta de Centroamérica y la segunda de América Latina, según el índice de Transparencia Internacional 2024. El país también se mantiene entre los diez más corruptos del mundo, con un Estado cada vez más cerrado al escrutinio público.
El economista Marco Aurelio Peña, consultado por la prensa nicaragüense, advierte que este cambio legal “es un cheque en blanco para la compra de equipos y armamento sin justificación”, lo que podría incluir desde patrullas hasta material represivo para el control de manifestaciones.
“Caja chica” estatal sin restricciones
Otro de los puntos más alarmantes de la nueva ley es la ampliación del uso de la caja chica en todas las instituciones del Estado, lo que permitirá realizar compras y contrataciones sin licitación y sin necesidad de justificar gastos.
Hasta ahora, este mecanismo solo podía utilizarse de manera excepcional y con autorización expresa, pero con la reforma, el control sobre estos fondos prácticamente desaparecerá. Además, las compras de boletos aéreos internacionales realizadas a través de plataformas digitales estarán fuera del régimen de licitación, lo que abre la posibilidad de financiamiento de viajes sin transparencia.
Menos licitaciones, más corrupción
La nueva normativa también eleva los montos mínimos para licitaciones, reduciendo así el número de procesos que deben publicarse en el Sistema de Contrataciones Estatales (SISCAE).
Los umbrales de licitación ahora serán:
•Licitación pública: Solo será obligatoria para contratos superiores a 10 millones de córdobas (antes 3 millones).
•Licitación selectiva: Se aplicará a montos entre 2 y 10 millones de córdobas (antes desde 500 mil).
•Contratación menor: Ahora podrá hacerse sin licitación para montos de hasta 2 millones de córdobas (antes 500 mil).
•Contratación simplificada: Se podrá aplicar sin importar el monto, eliminando la obligación de transparencia y publicidad.
El control sobre estos contratos quedará en manos de la Contraloría General y la Procuraduría General de la República, dos instituciones dominadas por el oficialismo, lo que deja en entredicho cualquier intento de supervisión real.
Un Estado blindado contra la fiscalización
La reforma se produce en un contexto de creciente cierre institucional en Nicaragua, donde el régimen ha criminalizado la labor de organizaciones independientes, ha eliminado la personería jurídica de más de 5.500 ONG y mantiene una represión sistemática contra la oposición.
Con este nuevo marco legal, la dictadura Ortega-Murillo fortalece su estructura de corrupción e impunidad, permitiendo a sus fuerzas de seguridad operar con total discrecionalidad y consolidando un modelo de gobierno opaco y sin rendición de cuentas.
Organizaciones opositoras han advertido que esta medida podría derivar en un aumento del desvío de fondos públicos, facilitando mecanismos para la compra de voluntades, el enriquecimiento ilícito de funcionarios y el financiamiento de operaciones represivas contra la población.
