En una jugada política, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció la creación de una Procuraduría General de Justicia de Nicaragua, orientada a castigar a quienes cometan actos de corrupción fuera de la familia y el partido.
El objetivo, según la codictadora sancionada por violación de derechos humanos, es erradicar el “tsunami de corrupción” que azota al mundo.
La nueva ley la presentarán con trámite exprés ante la Asamblea Nacional, bajo control del oficialismo, y busca perseguir “sin contemplaciones” cualquier acto de corrupción que atente contra “los intereses supremos del pueblo”.
El anuncio, casualmente, lo hizo cuando altos cuadros del sandinismo histórico —como el otrora intocable Bayardo Arce— han sido encarcelados o confinados por negocios presuntamente ilegales, pero no lo suficientemente bendecidos por la cúpula dictatorial.
Un gobierno acusado de corrupción
La iniciativa sostiene que “la Constitución, todas las leyes y todas las instituciones del Estado deben contribuir a esta campaña permanente contra los delitos y crímenes de los corruptos”.
Una frase que, en cualquier otro contexto, podría ser esperanzadora, pero que en el caso de Nicaragua suena más bien como una advertencia mafiosa: “quien robe, que lo haga con permiso o se atenga a las consecuencias”.
No es menor que el anuncio coincida con la creciente purga dentro del Frente Sandinista, donde históricos como Lenin Cerna, Álvaro Baltodano y el propio Arce han sido desplazados o están bajo “investigación”, no por oponerse al saqueo, sino por practicarlo sin la venia del matrimonio presidencial.
Todo esto en un país que ocupa el puesto 172 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, superado negativamente en América Latina solo por Venezuela.
Según el mismo informe, Nicaragua exhibe todos los síntomas de una cleptocracia: opacidad total, captura del Estado, nepotismo, persecución a la prensa y represión a quien se atreva a denunciar.
Corrupción total del régimen
El régimen Ortega-Murillo, según la organización, ha desmontado el Estado de Derecho para reemplazarlo por una red clientelar donde la corrupción es institucional, estructural y, ahora, regulada. Como quien entrega licencias para robar, pero exige lealtad absoluta a cambio.
“La lucha contra la corrupción es sagrada”, reiteró Murillo. Lo que no explicó es que dicha lucha aplica solo si el corrupto es desafecto, impaciente o se atrevió a llenar bolsillos sin notificar a la familia gobernante.
En este contexto, la nueva procuraduría parece menos una institución de justicia y más una oficina de auditoría interna del crimen organizado, donde el pecado no es robar, sino hacerlo fuera del sistema. Una suerte de “Ministerio de Corrupción Interior y Licencias de Saqueo”.
Así, mientras Nicaragua se hunde en la miseria, el exilio y la represión, la dictadura ofrece otra genialidad: combatir la corrupción… siempre que no sea la suya.
