El número de personas secuestradas por motivos políticos en Nicaragua ha alcanzado la cifra de 141, según el último informe del Mecanismo Para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas (MRPP), una organización no gubernamental que monitorea los arrestos ordenados por el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El informe más reciente del MRPP revela que, en el mes de abril, la cantidad de personas secuestradas políticamente era de 138. Sin embargo, durante el periodo comprendido entre el 16 de abril y el 31 de mayo de 2024, se identificó a tres personas más tras las rejas.
De acuerdo con el informe, entre las personas detenidas, se encuentran 23 mujeres y 118 hombres, incluyendo a 10 individuos arrestados antes del año 2018.
El MRPP ha destacado la preocupante situación de los derechos humanos y las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas por motivos políticos en Nicaragua, denunciando casos de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
Durante los meses de abril y mayo, la organización reportó un total de 18 casos de detenciones arbitrarias con aparentes motivaciones políticas, de los cuales 12 han sido liberados, mientras que la ubicación de los seis restantes aún no ha sido confirmada y se encuentran bajo investigación.
Según el MRPP, tres de los presos políticos se encuentran bajo desaparición forzada, identificados como Brooklyn Rivera, Carlos Bojorge y Freddy Quezada.
A pesar de los esfuerzos de sus familias y los pronunciamientos de organismos de derechos humanos, el régimen ha negado proporcionar información sobre su paradero y estado.
Además, la organización ha alertado sobre la negación de acceso a atención médica adecuada y condiciones inhumanas de detención, incluyendo hacinamiento, falta de higiene, acceso limitado a agua potable y alimentación deficiente.
Según testimonios recogidos por el MRPP, las personas detenidas han denunciado golpizas, hostigamientos, amenazas de muerte y abusos psicológicos, incluyendo el aislamiento prolongado y la convivencia con reclusos peligrosos.
Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) han instado al gobierno nicaragüense a garantizar la vida e integridad física de los prisioneros políticos o liberarlos, señalando las deplorables condiciones de detención y los tratos crueles e inhumanos denunciados.
