La dictadura de Nicaragua dio un nuevo paso en su política de aislamiento internacional al retirar su solicitud de participación en el litigio abierto por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por presunto genocidio en la Franja de Gaza.
La decisión fue comunicada oficialmente por la CIJ, que detalló que el pasado 1 de abril Nicaragua notificó su intención de retirar la solicitud presentada en enero de 2024 para intervenir como parte en el proceso.
La solicitud inicial señalaba que el régimen de Daniel Ortega tenía intereses jurídicos vinculados a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, de la cual es firmante.
Con esta retirada, Nicaragua refuerza su tendencia a desvincularse de los foros multilaterales relacionados con la justicia internacional, la democracia y los derechos humanos.
PRESS RELEASE: on 1 April 2025, Nicaragua informed the #ICJ that it had decided to withdraw the its Application for permission to intervene submitted in the case #SouthAfrica v. #Israel. https://t.co/c1sGSUgvE4 pic.twitter.com/xj5Xv8kXln
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 3, 2025
En los últimos años, el régimen sandinista ha abandonado la Organización de Estados Americanos (OEA), ha bloqueado el acceso de organismos de derechos humanos al país y ha desconocido mecanismos internacionales que investigan crímenes de lesa humanidad cometidos por sus autoridades.
También se retiró del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Corte Centroamericana de Justicia.
La solicitud retirada respaldaba la acusación de Sudáfrica contra Israel, al considerar que las operaciones militares israelíes en Gaza violaban la Convención sobre el Genocidio.
El régimen de Nicaragua había pedido que la Corte declarase que Israel debía cesar de inmediato cualquier acción que pusiera en riesgo la vida de civiles palestinos.
A pesar de su retirada, el caso ante la CIJ continúa.
Otros países como Irlanda, Colombia, Cuba, México, España, Turquía y Chile han solicitado intervenir en el proceso, que sigue en fase preliminar y que ya ha dado lugar a órdenes contra Israel, como el cese de su ofensiva en Rafah y la garantía de acceso de ayuda humanitaria.
Esta salida voluntaria del proceso jurídico internacional es vista por analistas como una estrategia del régimen Ortega-Murillo para evitar someterse a los mismos estándares internacionales que denuncia, en momentos en que enfrenta acusaciones de crímenes de lesa humanidad por parte de Naciones Unidas.
Desde 2018, se han publicado decenas de investigaciones, denuncias e informes documentados sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura Ortega Murillo, en complicidad con militares, policías, jueces, fiscales, diputados y demás funcionarios a sueldo del régimen sangriento de la familia Ortega-Murillo.
