La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se prepara para aprobar el próximo 10 de enero una reforma constitucional que, según expertos, consolidará legalmente un sistema dinástico único en América Latina.
Gustavo Porras, presidente del parlamento sandinista y sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Reino Unido como violador de derechos humanos y corrupto, anunció que la reforma y las modificaciones a las leyes secundarias serán ratificadas en segunda legislatura el próximo 10 de enero.
Porras, quien enfrenta una orden de captura internacional emitida por un juez federal de Argentina por crímenes de lesa humanidad, aseguró que las reformas son parte de un “blindaje” jurídico para preservar lo que denominó los logros de la “revolución” sandinista.
“Estas reformas reflejan la orientación del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Actualizaremos el marco jurídico para consolidar el modelo que desarrollamos y el avance logrado”, afirmó el funcionario.
Un golpe a la democracia y la institucionalidad
La reforma constitucional busca, entre otros cambios, centralizar aún más el poder en manos de Ortega y Murillo, eliminando barreras legales para perpetuar su régimen.
Según Porras, esta reforma es “la ley rectora” y exigirá adaptar todas las leyes del país a los nuevos mandatos constitucionales, reforzando la política represiva del régimen.
El sancionado operador sandinista calificó la iniciativa como una respuesta a las protestas de 2018, cuando miles de nicaragüenses se levantaron contra el régimen tras el manejo negligente de un incendio en la Reserva Indio-Maíz y reformas al sistema de seguro social que afectaron a los jubilados.
Desde entonces, el régimen ha intensificado la represión, encarcelando a opositores, clausurando medios de comunicación y exiliando a miles de ciudadanos.
Un contexto de sanciones y acusaciones internacionales
Porras, Ortega y Murillo son señalados por diversos organismos internacionales como responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias.
La más reciente acusación proviene del juez federal argentino Ariel Lijo, quien emitió el 30 de diciembre de 2024 una orden de captura internacional contra los tres por crímenes de lesa humanidad.
Además, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y gobiernos europeos han sancionado a Porras por su papel en la consolidación del régimen autoritario y su participación en actos de corrupción.
Según informes internacionales, el líder del Parlamento ha utilizado su posición para aprobar leyes que legitiman la represión y despojan a los nicaragüenses de derechos fundamentales.
Un régimen con una visión dinástica
La reforma constitucional también busca formalizar la sucesión de poder dentro de la familia Ortega-Murillo, marcando un precedente sin igual en la región.
Rosario Murillo, quien actualmente funge como vicepresidenta y vocera del régimen, ha asumido un rol cada vez más dominante en las decisiones políticas, mientras varios de sus hijos ocupan cargos estratégicos en el gobierno y el sector económico.
El modelo del régimen, descrito por Porras como basado en “diálogo, alianza y consenso”, ha sido cuestionado por favorecer a la élite económica y política cercana al poder, dejando de lado las demandas de democracia y justicia del pueblo nicaragüense.
Críticas y advertencias
Analistas políticos y organizaciones de derechos humanos han calificado la reforma como un golpe definitivo a la democracia en Nicaragua. Para ellos, el régimen busca afianzarse en el poder mientras enfrenta un creciente aislamiento internacional y la presión de la justicia global.
La aprobación de esta reforma marcará un punto crítico en la historia reciente del país, consolidando un sistema que no solo viola los principios democráticos, sino que también institucionaliza la represión y perpetúa un modelo dinástico sin precedentes en América Latina.
