La dictadura de Nicaragua dio un paso atrás y reinstaló a algunos magistrados en sus cargos en la Corte Suprema de Justicia, en un intento de bajar las tensiones provocadas por la denominada “operación limpieza” impulsada por Rosario Murillo, la vicepresidenta.
Los funcionarios fueron removidos para darle paso a “otros allegados” al poder.
De acuerdo con una fuente anónima que filtró parte de la información a los medios de comunicación y que está ligada a la familia dictatorial, agregó que liberaron a la magistrada Yadira Centeno, y le han suspendido el cerco policial en su casa del reparto Pancasán en Managua, pero también se le ha permitido movilizarse por Managua, luego de estar presa en su propio hogar.
Diversas fuentes del entorno de la Corte han comentado que esta semana se sorprendieron al observar las visitas esporádicas de Centeno y los magistrados Manuel Martínez y Virgilio Gurdián, los cuales ya han retornaron a sus oficinas.
Se conoció que los únicos magistrados que van todos los días son Marvin Aguilar, Juana Méndez y esporádicamente Ellen Lewis. No obstante, los magistrados Gerardo Arce, Armando Juárez y Armengol Cuadra, continúan sin llegar, ya que se especula que ya no cuentan con el beneplácito de la vicedirectora Murillo, por lo que tienen prohibido presentarse a la Corte.
Según la fuente, que les permitan llegar a la Corte “no quiere decir que vayan a reelegir en el cargo a la Yadira (Centeno) y a Manuel (Martínez), pues ya es un hecho que ellos se van de la corte. Están llegando, pero a arreglar sus cosas que ya se las están llevando poco a poco, para mientras la Chayo los reemplaza. En el caso de Gurdián es más o menos lo mismo, aunque todavía no alcanza la edad que establece la Constitución para ser magistrado, de 75 años (tiene 74), pero ninguno de ellos está ya integrado a la corte”.
Otro de los acontecimientos registrados en este marco es que la mañana del jueves 16 de noviembre, se dio el reintegro en sus puestos de la directora de resolución alterna de conflictos María Amanda Castellón Tiffer; de la magistrada de apelaciones Marta Lorena Quezada Saldaña; de la directora de Control de Notarios Marling Jarquín y de la jueza civil de Managua Silvia Chica Larios.
Los funcionarios de la Corte han estado anonadados y preocupados ante la incertidumbre de la que pueda pasar con ellos, pero sí han confirmado que los reintegro se han dado de forma sorpresiva, porque han cotejado algunos miembros de la Dirección Alterna de Conflictos (DIRAC) y del Tribunal de Apelaciones, que las cuatro funcionarias estaban este jueves de vuelta en sus oficinas.
“Todos vimos cuando a la Marta Quezada y a la Marling Jarquín las llamaron a la corte para despedirlas, ellas mismas y los que estaban en la fila contaron la forma vulgar y grosera en que las trataron los policías de civil, exigiéndoles que entregaran los celulares, las llaves de los carros y de las oficinas. A la Tiffer la llegaron a sacar casi a empujones de la DIRAC, de donde salió a pie a buscar un taxi para irse a su casa, porque ni teléfono tenía para llamar a su marido que la fuera a traer”, afirmó uno de los informantes.
“Las tres salieron llorando muertas entre lágrimas, y ahora regresan con la cola entre las patas; no tienen vergüenza, o se sienten culpables de las violaciones a los derechos humanos de las que fueron cómplices”, manifestó una empleada que ha facilitado información a los medios de comunicación nicaragüenses.
Trabajadores de la DIRAC han criticado especialmente a María Amanda Castellón Tiffer, quien supuestamente era “odiada por todos (los trabajadores), por la forma de como trataba al personal de la Dirac. Solo arrecha vivía y ya le decía “cuatro” a cualquiera, te hacía llorar; por eso aquí todo el mundo se alegró cuando supimos que la habían corrido. Ni modo, volvió el martirio, esperamos que ya no siga maltratando a la gente”, aseguró la fuente.
Otro de los reintegrados por la dictadura a su cargo, ha sido Carlos Tinoco, quien era el operativo para organizar las llamadas “turbas”, pero específicamente del Poder Judicial y Walter Sobalbarro.
Aunque la Corte y otras sedes judiciales continúan paralizadas.
“Están prohibidas todas las actividades extracurriculares, tanto las políticas como las tradicionales purísimas, no se permite nada que implique conglomeración de personal” añade otra de las fuentes.
Maniobras de movilidad del personal
Un especialista y analista político nicaragüense que ha pedido el anonimato, estimó que estas acciones son parte de un plan de la dictadura, “los están haciendo para bajar las tensiones y que los empleados y la población desconfíen de las informaciones que publican las redes sociales y los medios opositores”.
Se ha conocido que las orientaciones de los secretarios políticos adjudicados a la corte, les han indicado a los empleados judiciales, a los cuales reúnen junto a la “militancia” para girarles orientaciones de prohibición a que lean o vean las publicaciones de los medios.
La vicedirectora Murillo “continúa eliminando todo lo que le huele a Alba Luz Ramos, Rafael Solís, Bayardo Arce y Lenín Cerna”, aseguró la persona.
Los despidos continúan
A pesar de las tensiones creadas por Murillo, los despidos no cesan, tan solo ayer, se conoció del despido de siete secretarías de la Corte y 5 más del área de notificaciones de los juzgados.
Un mecanismo para darse cuenta de las orientaciones de Murillo, es cuando los empleados son suspendidos de los grupos de WhatsApp del partido, es entonces, cuando se dan cuenta que están despedidos. En esos grupos todos los empleados están obligados a pertenecer.
“Ahora lo primero que hacen es sacarte del grupo de WhatsApp, cuando te sacan ya sabés que vás corrido y solo esperas el chat de Rubén Montenegro, el secretario de la Corte. Por eso de repente ves que la gente simplemente se desaparece, un día está y al siguiente ya no llega”, manifestó otra fuente que labora en uno de los juzgados en la capital nicaragüense.
