El régimen de Nicaragua liderado por el dictador Daniel Ortega y su pareja Rosario Murillo, ha implementado nuevas medidas para regular las actividades artísticas y públicas en el país, restringiendo aún más el espacio cívico.
Según el decreto publicado en el diario oficial La Gaceta por la ministra del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, cualquier evento de carácter artístico o espectáculo público debe estar registrado y aprobado por el Ministerio del Interior (Mint).
Este nuevo mandato exige a los organizadores de eventos mantenerse al margen de cualquier discurso político durante sus actividades, lo cual se interpreta como un intento de acallar las voces críticas del régimen dentro de espacios tradicionalmente considerados de libre expresión como son los conciertos y representaciones artísticas.
Dentro de las responsabilidades asignadas al Mint, destaca la creación de un registro de productores y promotores, quienes deberán informar con un mes de antelación sobre los detalles del evento, así como abstenerse de “intervenir o financiar cuestiones políticas”.
El Mint, antiguo Ministerio de Gobernación, es la institución bajo dirección de la dictadura con autoridad y luz verde para controlar “la seguridad ciudadana y humana, así como el orden interno” en Nicaragua.
La estrategia de Ortega de utilizar el Ministerio del Interior como herramienta de represión y espionaje es parte de un esquema más amplio que incluye la dirección de eventos de entretenimiento por parte de sus familiares y allegados, en una mezcla de actividades comerciales privadas con eventos públicos y de índole político.
Este es solo el último episodio en una serie de acciones por parte del régimen de Ortega-Murillo para consolidar su control sobre la sociedad nicaragüense, que ha sido objeto de críticas internacionales por su represión a la disidencia política y la restricción de libertades fundamentales.
La dictadura de la familia Ortega-Murillo, junto a un grupo de funcionarios y los cuerpos de seguridad al servicio del proyecto político, han sido señalados de crímenes de lesa humanidad en el Consejo de Derechos Humanos, incluyendo el asesinato de 355 personas y más de 4,000 heridos, así como torturas, violaciones, desaparición, destierro, confiscación de propiedades y un sinfín de aberraciones contra los derechos humanos.
La nueva normativa entra en un contexto de vigilancia estricta, donde el arte y la cultura se convierten en nuevos frentes de la lucha por la libertad de expresión en Nicaragua.
