En un contexto marcado por una masiva emigración de trabajadores del Estado nicaragüense, la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, aprobó este jueves una ley que modifica el cálculo de la indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del sector público.
Esta medida representa un duro golpe para aquellos empleados que deseen renunciar, ya que recibirán significativamente menos dinero de compensación que antes.
La nueva normativa, denominada “Ley para el cálculo de indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado”, afecta a empleados en todos los niveles del gobierno, incluyendo los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, así como entidades autónomas y municipales.
Bajo la nueva ley, sólo aquellos trabajadores que hayan prestado servicios durante al menos tres años tendrán derecho a indemnización, con una escala ascendente de compensación basada en la antigüedad, alcanzando un máximo de cinco salarios para aquellos con más de 20 años de servicio.
Antes los trabajadores alcanzaban este techo de indemnización a partir del sexto año de laborar. Ahora, alcanzarán la máxima compensación trabajando de forma continua durante 20 largos años.
El cambio en la ley, presentado por diputados sandinistas incluido Gustavo Porras, presidente de la Junta Directiva y exsindicalista, fue aprobado por unanimidad con 91 votos a favor.
Esta decisión se produce en un momento en que el país está experimentando una fuga de cerebros y una emigración masiva de trabajadores, incluyendo a los del sector público, que buscan mejores oportunidades en el extranjero.
Asamblea Nacional aprueba la mañana de este jueves la Iniciativa de Ley para el Cálculo de Indemnización por Antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado. pic.twitter.com/vNNhk70cLC
— Asamblea Nacional Nicaragua (@AsambleaNi) November 23, 2023
El experto en administración de justicia Yader Morazán criticó duramente la reforma, señalando que representa una traición del régimen de Daniel Ortega hacia los trabajadores del Estado, particularmente a los de nuevo ingreso.
Morazán subrayó en sus redes sociales que la reforma es inconstitucional por violar el principio de igualdad salarial establecido en el artículo 82 de la Constitución Política de Nicaragua.
La ley no es retroactiva, pero Morazán advierte que el régimen podría aplicarla de manera retroactiva, como ha ocurrido en otras ocasiones. Además, lamentó la falta de sindicatos independientes que defiendan los derechos de los trabajadores, ya que los existentes responden a los intereses de Ortega.
Este cambio legislativo se produce en un momento en que el gobierno nicaragüense está intentando evitar la erosión de su base política en medio de una creciente crisis económica y social, y podría tener implicaciones significativas para la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores en el país.
