En un movimiento que profundiza el control de la dictadura de Daniel Ortega sobre las instituciones del país, la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, aprobó una reforma constitucional que reduce significativamente el presupuesto del aparato Judicial.
La reforma, aprobada de manera exprés este jueves, modifica el artículo 159 de la Constitución Política de Nicaragua, eliminando la asignación del 4% del Presupuesto General de la República (PGR) a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La reforma, que aún necesita ser refrendada en segunda legislatura para entrar en vigor, cambia el enfoque presupuestario, permitiendo que el Poder Judicial reciba únicamente una partida asignada del PGR, en lugar del porcentaje fijo previamente establecido. Esta medida se produce en un contexto de creciente asalto al poder judicial por parte del régimen de Ortega.
Desde el 21 de octubre, el Poder Judicial nicaragüense ha enfrentado una crisis sin precedentes, con la intervención directa de la vicepresidenta sancionada, Rosario Murillo, y la policía orteguista.
Esta intervención resultó en la destitución de magistrados, jueces y personal administrativo, consolidando aún más el control del gobierno sobre el sistema judicial.
La reducción presupuestaria del Poder Judicial es vista como un paso más en la consolidación del poder autoritario de Ortega, quien ha sido acusado de socavar la democracia y las libertades civiles en Nicaragua.
La modificación al artículo 159 de la Constitución elimina la garantía de un presupuesto mínimo para el Poder Judicial, lo que podría afectar su capacidad para operar de manera independiente y efectiva.
Este cambio ocurre en un momento en que el régimen de Ortega enfrenta sanciones internacionales y críticas por su manejo de los derechos humanos y la democracia.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha proyectado un crecimiento del 4% del PIB para Nicaragua, pero advierte sobre los riesgos latentes asociados a las sanciones impuestas al país.
Esta situación plantea serias preocupaciones sobre el estado de la separación de poderes en Nicaragua y la capacidad del Poder Judicial para funcionar como un contrapeso efectivo al poder
