El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó a Estados Unidos y la Unión Europea de cometer “genocidio” contra Nicaragua mediante la imposición de sanciones a sus funcionarios, durante una intervención en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Iván Lara Palacios, ministro asesor de Ortega para políticas y relaciones internacionales, afirmó que las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea representan “mecanismos de injerencia” y vulneran la autodeterminación de los pueblos.
“Las medidas coercitivas no son herramientas inocentes de ‘poder blando’, matan como las balas en la guerra, matan de hambre, matan por falta de medicamentos”, aseveró Lara Palacios, añadiendo que dichas sanciones buscan “infligir deliberadamente las condiciones de vida de una población, para provocar su destrucción física total o parcial, y esto se llama genocidio”.
Lara Palacios destacó que Estados Unidos y los países miembros de la Unión Europea han emitido “más de 26 mil sanciones”, afectando a casi un tercio de los países del mundo.
“Estas medidas coercitivas son verdaderas agresiones contra el derecho de los pueblos a su autodeterminación y el derecho de los pueblos a ser libres”, subrayó.
El delegado nicaragüense acusó a Estados Unidos de utilizar la Ley de Condicionalidad de las Inversiones de Nicaragua (Nica Act), aprobada en 2018, y la Ley RENACER de 2021, para bloquear los préstamos de instituciones financieras internacionales a Nicaragua y afectar así el desarrollo de programas sociales financiados con cooperación externa.
“Estados Unidos ha impuesto la prohibición de nuevas inversiones en Nicaragua y la importación y exportación de ciertos productos”, indicó.
Además, Lara Palacios señaló que tanto Estados Unidos como la Unión Europea ejercen mecanismos prohibidos por la Carta de la ONU y que las sanciones no solo están dirigidas a los colaboradores de Ortega, sino que afectan la economía del país y buscan derrocar gobiernos.
“Constituyen un castigo colectivo en contra de los pueblos, dislocan las economías de los países, afectan el nivel de vida de poblaciones enteras; restringiendo su acceso a alimentos, medicinas, agua y saneamiento, salud, vivienda, educación y empleo, con la intención de provocar descontento social y derrocar a los gobiernos legítimos”, expresó.
El asesor orteguista también afirmó que las sanciones carecen de legitimidad y veracidad, alegando que están fundamentadas en “noticias falsas y estereotipos negativos”.
“Habitualmente, estas medidas coercitivas se fundamentan en noticias falsas y van acompañadas de discursos de odio en contra de hermanos pueblos como China, Cuba, Irán, Bielorrusia, Eritrea, Nicaragua, Venezuela, Rusia, Zimbabue y otros países víctimas de estas ilegales medidas”, señaló.
Finalmente, Lara Palacios hizo un llamado a la suspensión inmediata de las sanciones, calificándolas como “medidas económicas coercitivas unilaterales” que son un obstáculo para la ciudadanía.
“Eliminar estas agresiones es imperativo para la erradicación de la pobreza y para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030”, concluyó.
Desde 2018, Nicaragua ha sido objeto de sanciones internacionales debido a la represión violenta contra manifestantes, violaciones de derechos humanos y actos de corrupción por parte del régimen de Ortega.
Las sanciones buscan presionar al gobierno nicaragüense para restaurar la democracia y respetar los derechos humanos, en un país donde las libertades civiles han sido severamente restringidas.
