El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo envió a la Asamblea Nacional una iniciativa de “Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas”, que busca forzar a los bancos e instituciones financieras a ignorar restricciones internacionales y proporcionar servicios a personas sancionadas dentro del territorio nacional. La propuesta se enmarca en los intentos del régimen por evadir las sanciones impuestas por países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Suiza y la Unión Europea.
El artículo 2 de la iniciativa establece que, una vez aprobada, la ley será de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones públicas y privadas, así como para personas naturales y jurídicas en todo el país. Además, el artículo 4 declara “nulas y sin efecto jurídico” las sanciones extranjeras, considerándolas como violaciones al derecho internacional, y prohíbe a cualquier entidad negar bienes y servicios financieros o comerciales a las personas sancionadas.
Sin embargo, los bancos nicaragüenses, que forman parte del sistema financiero mundial conocido como Swift, se enfrentan a un dilema. Cumplir con las disposiciones de esta ley podría llevarlos a ser expulsados de esta red internacional, lo que impediría cualquier tipo de transacción internacional.
Según una fuente anónima vinculada al sector empresarial, “si los bancos son expulsados del sistema Swift, colapsarán por sí solos, ya que no podrán mover un solo dólar ni realizar transacciones internacionales”.
Contexto de sanciones y represión
Desde 2018, aproximadamente 50 funcionarios y operadores del régimen sandinista, junto con una docena de empresas e instituciones, han sido sancionados por diversos países. Estas medidas incluyen bloqueos financieros, restricciones de visas y la congelación de activos en el extranjero. Las sanciones internacionales responden a acusaciones de crímenes de lesa humanidad, represión política y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Con esta ley, Ortega intenta blindar a su círculo cercano y a las instituciones afines al régimen, que enfrentan graves restricciones internacionales. No obstante, esta estrategia podría tener repercusiones devastadoras para el sistema bancario nacional, ya que los bancos corresponsales, esenciales para operaciones globales, podrían cortar sus lazos con Nicaragua.
Riesgos para el sistema financiero
El sistema Swift permite pagos rápidos y seguros entre más de 11.000 entidades financieras en 200 países, pero también implica el cumplimiento de estrictas normativas internacionales, incluyendo la prevención de lavado de dinero y el bloqueo de operaciones con personas sancionadas. Forzar a los bancos locales a eludir estas restricciones no solo los pondría en la mira de los reguladores internacionales, sino que los expondría a una posible expulsión de Swift, comprometiendo la estabilidad económica del país.
La iniciativa de Ortega no solo intensifica el aislamiento financiero de Nicaragua, sino que también podría agravar la ya crítica situación económica del país, sumido en una profunda crisis desde la represión de 2018.
