El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo comenzó el año endureciendo su ofensiva contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Nicaragua. A través del Ministerio del Interior (Migob), se ordenó la cancelación de la personalidad jurídica de 15 entidades, entre las que destacan Save the Children International y la Asociación Sí Mujer.
La medida fue publicada en dos acuerdos oficiales en La Gaceta, el diario oficial del país. Según el Migob, cuatro de las ONG clausuradas estaban “en incumplimiento de sus obligaciones conforme a las leyes que las regulan”, lo que, según la institución, obstaculizaba el control y la vigilancia del Estado.
Entre estas organizaciones figuran:
– Fundación Casa de Espiritualidad, Cultura, Historia, Antropología y Arte Nicaragüense (Cechan)*
– Fundación Ministerio Pentecostés Cristo Viene
– Asociación Servicios Integrales para la Mujer (Sí Mujer)
– Fundación Río Prinzapolka
Además, 11 organizaciones fueron disueltas por “voluntad propia”, entre ellas Save the Children International, que había operado en el país desde 1980 promoviendo los derechos de los niños a la educación, la salud y una vida sin violencia. En su sitio web, Save the Children destaca que su trabajo en Nicaragua se centraba en comunidades remotas y rurales, colaborando con ministerios gubernamentales para mejorar la salud materno-infantil.
Un ataque sistemático contra la sociedad civil
Desde las protestas antigubernamentales de 2018, el régimen de Ortega ha cerrado más de 5.600 ONG, según cifras del Colectivo Nicaragua Nunca Más. De estas, alrededor de 1.250 eran organizaciones religiosas. Entre las entidades clausuradas figuran organismos de cooperación internacional, instituciones académicas y medios de comunicación independientes.
Ortega y Murillo han acusado a las ONG y a la Iglesia católica de respaldar las manifestaciones de 2018, que dejaron más de 300 muertos según Naciones Unidas, y que el régimen considera un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos.
En agosto de 2024, el régimen ya había cerrado Save the Children Canadá, una entidad que había operado en Nicaragua desde 2004 y recibía financiamiento del gobierno canadiense para proyectos en el país. Con el cierre de Save the Children International, se extingue uno de los pocos programas internacionales enfocados en la niñez que quedaban en Nicaragua.
Reacciones internacionales
La comunidad internacional ha condenado de manera reiterada las acciones del régimen nicaragüense. Diversos países y organismos internacionales acusan al gobierno de Ortega de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo la eliminación de espacios para la participación ciudadana y la represión de la libertad de expresión.
“La clausura de estas organizaciones no solo es un ataque directo a la sociedad civil, sino que priva a las comunidades más vulnerables de acceso a servicios esenciales”, señaló un portavoz de Save the Children desde su sede internacional.
La represión del régimen incluye la clausura de medios de comunicación, universidades y proyectos humanitarios. Este modelo, según analistas, busca silenciar cualquier forma de oposición y consolidar un control totalitario sobre el país. La reforma constitucional prevista para el 10 de enero, que busca establecer un sistema dinástico, refuerza esta estrategia represiva.
Mientras tanto, las organizaciones disueltas y sus líderes enfrentan persecución o exilio, dejando a Nicaragua cada vez más aislada en el ámbito internacional y a su población sin recursos fundamentales para afrontar la crisis social, económica y política que atraviesa el país.
