La dictadura de Nicaragua inaugurará en los primeros días de mayo un centro de salud mental en el convento confiscado a la Asociación Hermanas Clarisas Franciscanas, una congregación religiosa expulsada del país hace apenas tres meses.
La noticia, anunciada por la dictadura en medios oficiales, vuelve a poner en evidencia la estrategia de expropiaciones masivas y persecución a la Iglesia Católica desplegada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde el inicio de la crisis política en 2018.
El nuevo Centro de Salud Mental Dr. Jacobo Marcos Frech, ubicado a 12,5 kilómetros al noroeste de Managua, ocupará el antiguo Monasterio Inmaculada Concepción de María, un inmueble que, como otros centenares de propiedades religiosas y civiles, fue confiscado tras la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de su organización matriz en mayo de 2023.
“Este centro atenderá a personas con depresión, ideas suicidas, esquizofrenia y otros trastornos”, anunció María Mercedes Correa, directora del Hospital Psicosocial, quien detalló que contará con un equipo multidisciplinario de médicos psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y personal de enfermería.
Sin embargo, las fotografías publicadas por los medios de la dictadura revelaron una realidad inquietante: el edificio sigue conservando la campana, los bancos, las imágenes religiosas y los cuadros de las monjas expulsadas, lo que ha sido denunciado como un acto de apropiación ilegal y profanación simbólica.
La confiscación como política de Estado
Desde 2018, tras el estallido de las protestas sociales brutalmente reprimidas —que dejaron más de 355 muertos según organismos de derechos humanos—, el régimen de Ortega y Murillo ha orquestado una campaña sistemática de confiscaciones y cierres masivos de organizaciones no gubernamentales (ONG), universidades privadas, medios de comunicación y congregaciones religiosas.
Hasta abril de 2025, más de 5.500 ONG habían sido canceladas y desmanteladas, incluyendo entidades de asistencia social, ambientalistas, educativas y religiosas. A todas ellas les fueron decomisados todos sus bienes en procesos administrativos arbitrarios sin derecho a defensa.
La Iglesia Católica, una de las pocas instituciones que denunció la represión estatal en 2018, ha sido uno de los blancos más atacados.
Desde entonces, al menos 9 órdenes religiosas han sido expulsadas, más de 160 sacerdotes han sido encarcelados o enviados al exilio, y cientos de templos han enfrentado restricciones, hostigamiento o cierres forzados.
La confiscación del convento de las Hermanas Clarisas se suma a una larga lista que incluye los edificios de la Compañía de Jesús (jesuitas), el seminario mayor de Matagalpa, propiedades de Cáritas Nicaragua y hasta las instalaciones de universidades, comedores, clínicas, orfanatos, asilos de ancianos y otros centros ligadas a comunidades religiosas.
Expulsiones, confiscaciones y profanaciones
El caso de las Hermanas Clarisas se inscribe en una ofensiva más amplia que alcanzó su clímax en 2023, cuando el régimen expulsó del país a congregaciones completas como las Misioneras de la Caridad, fundadas por la madre Teresa de Calcuta, y los frailes franciscanos de Matagalpa.
El 19 de mayo de 2023, la Asociación Hermanas Clarisas Franciscanas, que había funcionado en Nicaragua desde 2004, fue ilegalizada bajo la acusación de incumplir normativas administrativas, un argumento utilizado repetidamente por el régimen para justificar la eliminación de entidades independientes.
Tres meses después, las religiosas fueron desalojadas de su monasterio por policías antimotines y obligadas a abandonar Nicaragua sin más pertenencias que sus ropas puestas y sus documentos personales.
Ahora, el antiguo monasterio convertido en centro de salud mental es presentado por el régimen como un logro de su “política de bienestar social”, a pesar de la creciente denuncia internacional de que estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad en variantes de violaciones al derecho de propiedad, a la libertad religiosa y al derecho de asociación.
Represión y apropiación en nombre de la “paz”
Para los críticos del régimen, el uso de propiedades religiosas para proyectos gubernamentales es una estrategia simbólica: “no solo buscan desalojar físicamente a la Iglesia, sino también borrar su legado y apropiarse de su autoridad moral”, comentó la investigadora Martha Patricia Molina, quien lleva al día las cifras de abusos contra la Iglesia católica de Nicaragua.
Mientras tanto, la dictadura sigue aislando a Nicaragua diplomáticamente: fue condenada en 2023 por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU por prácticas consideradas “crímenes de lesa humanidad”, incluyendo persecución política, desapariciones forzadas y represión religiosa.
A pesar del silencio de las monjas clarisas —que hoy se encuentran refugiadas en un país vecino— su ausencia, como la de tantos otros expulsados, resuena en los pasillos de un monasterio que ya no reza: un edificio que ahora, bajo la fachada de la salud mental, guarda los ecos de una Nicaragua confiscada.
