La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene bajo arresto domiciliario al obispo emérito de Estelí, monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, uno de los jerarcas católicos más críticos del Gobierno nicaragüense.
La medida ocurre en medio de una nueva escalada contra miembros de la Iglesia Católica, según denunciaron fuentes eclesiales y la investigadora Martha Patricia Molina.
Una fuente cercana al religioso confirmó a La Prensa que Mata permanece en su residencia en Managua bajo vigilancia policial permanente después de que agentes policiales lo retuvieran en dos ocasiones.
Otros sacerdotes presos
La misma fuente indicó que las autoridades liberaron la tarde del 30 de junio al sacerdote Francisco Morales y al diácono Wilfred Arauz Rodríguez, detenidos esta semana en Estelí, aunque continúan bajo estrecha vigilancia.
Según versiones recopiladas por La Prensa, la primera retención de Mata ocurrió después de que el domingo 29 de junio presidió una misa en la parroquia Cruz del Calvario, en Estelí, donde oró por la “Iglesia perseguida de Nicaragua”.
Testigos afirmaron que paramilitares fotografiaron al obispo, escucharon su homilía y registraron a las personas que se acercaron a saludarlo.
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Represalias e intimidación
La abogada e investigadora Martha Patricia Molina denunció que en la diócesis de Estelí ocurren “situaciones raras e ilegales”.
También confirmó que la Policía retuvo temporalmente a Mata, al párroco Francisco Morales y al diácono Arauz Rodríguez.
Molina afirmó que los dos religiosos liberados permanecen en una especie de libertad condicional de facto y corren el riesgo de una nueva detención en cualquier momento. “La Policía los tiene vigilados”, sostuvo.
Venganza sandinista
Por su parte, el sacerdote nicaragüense Nils de Jesús Hernández declaró a La Prensa que las detenciones constituyen un “acto de venganza” contra Mata y buscan intimidar a la Iglesia Católica.
La situación atrajo atención internacional y medios católicos como ACI Prensa informaron sobre el caso.
De acuerdo con los informes de Molina, entre 2019 y la Cuaresma de 2026 las autoridades nicaragüenses prohibieron más de 28.000 procesiones y actos de piedad popular.
Además, la dictadura expulsó o forzó al exilio a al menos 309 religiosos, incluidos cuatro obispos, en un contexto que organismos internacionales y defensores de derechos humanos califican como una de las mayores campañas de persecución religiosa de la historia reciente de Nicaragua.