La dictadura de Nicaragua anunció este jueves su retiro “inmediato e irrevocable” de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en una nueva escalada contra el sistema multilateral, al que acusa de “injerencia” y “manipulación política”, en medio de reiteradas denuncias internacionales sobre la grave crisis humanitaria y migratoria que atraviesa el país desde 2018.
La decisión fue comunicada a través de una carta oficial dirigida al alto comisionado Filippo Grandi, en la que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó a ACNUR de actuar “al servicio de las potencias que no aceptan el derecho de los pueblos a su soberanía y autodeterminación”, y de emitir publicaciones “llenas de engaños y manipulaciones”.
El anuncio se produce en vísperas del Día Mundial del Refugiado, cuando ACNUR ha reiterado su preocupación por la situación de miles de personas nicaragüenses que han huido del país desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018, debido a la violencia estatal, persecución política, detenciones arbitrarias, represión a la disidencia y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Según datos de ACNUR, más de 600.000 nicaragüenses han solicitado refugio o protección internacional en países como Costa Rica, Estados Unidos, España y México. La organización ha señalado que se trata de una de las crisis de desplazamiento más agudas del hemisferio occidental en los últimos años.
El retiro de Nicaragua de ACNUR se suma a una serie de decisiones similares adoptadas por el régimen en los últimos años.
Desde 2022, el gobierno de Ortega ha expulsado a la misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), así como a representantes de la OEA, la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, y ha rechazado la presencia de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En marzo de 2023, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluyó que el gobierno nicaragüense ha cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, deportaciones forzadas, tortura y persecución por motivos políticos y religiosos.
Pese a estos señalamientos, la administración sandinista ha mantenido su discurso soberanista, acusando a los organismos internacionales de ser “instrumentos del imperialismo” y defendiendo sus acciones como parte de un modelo “cristiano, socialista y solidario”.
En su carta a ACNUR, el régimen insiste en que “Nicaragua no acepta imposiciones, ni dictados, ni manipulación mediática ni ideológica”, y acusa al sistema de Naciones Unidas de haber sido “secuestrado por intereses hegemónicos”.
Hasta el momento, la ONU no ha emitido una respuesta oficial a la decisión de Nicaragua.
Desde 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado su ruptura con organismos internacionales, particularmente aquellos vinculados a derechos humanos, democracia y cooperación técnica.
Nicaragua se retiró formalmente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2021 y expulsó de su territorio a la misión del organismo en 2022, tras denuncias reiteradas sobre represión interna y violaciones a los derechos fundamentales.
También echó del país a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en agosto de 2018, y desconoció la autoridad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus mecanismos especiales, como el GIEI y MESENI.
Más recientemente, en junio de 2025, el régimen anunció su salida del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), acusando al organismo de promover “informes manipulados” sobre la crisis humanitaria y migratoria que ha forzado al exilio a más de 600.000 nicaragüenses desde abril de 2018.
Además de su enfrentamiento con los organismos de derechos humanos, el régimen sandinista ha restringido la participación de Nicaragua en agencias técnicas del sistema de Naciones Unidas.
En los últimos años ha bloqueado la cooperación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denunciando presuntas “injerencias” en temas laborales, especialmente tras los señalamientos sobre persecución a sindicatos independientes.
También ha renunciado a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dificultando su asistencia a personas desplazadas por razones políticas.
En 2023, se negó a renovar los convenios de colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en un contexto de creciente inseguridad alimentaria en zonas rurales.
Ademas renunció a la Unesco luego que esta le otorgara un premio mundial de libertad de expresión a La Prensa.
