La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dejado abierta la posibilidad de retirar a Nicaragua del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) tras el rechazo de varios países a las ternas de candidatos presentadas para la Secretaría General del organismo.
¿Nicaragua podría retirarse del Sistema de Integración Centroamericana?, le preguntó un entrevistador al canciller orteguista, Valdrack Jaentschke en un canal de la dictadura de Managua.
“Es una opción”, respondió Jaentschke, para luego repetir la retórica orteguista que repite temas históricos a su conveniencia.
Jaentschke omitió un punto clave: la mayoría de los nombres propuestos han sido operadores políticos de Ortega, sancionados por violaciones de derechos humanos, corrupción y crímenes de lesa humanidad.
El pasado 18 de marzo, durante una reunión del SICA, Guatemala, Costa Rica, Panamá y República Dominicana vetaron por segunda vez la candidatura del excanciller y militar en retiro Denis Moncada Colindres para el cargo de secretario general.
Según el canciller orteguista, Moncada es un “hombre probo, hombre experto de una capacidad de conducción. No hay razones por cuestionar”.
Junto a Moncada, fueron rechazadas la diputada sandinista Arling Patricia Alonso Gómez y la ministra de la Familia, Adolescencia y Niñez, Johanna Vanessa Flores Jiménez. El resultado ha provocado la indignación del régimen, que ahora amenaza con abandonar el organismo regional, a como ha abandonado otros foros.
“La única salida a esta situación es que los demás países acepten lo que toca”, dijo un prepotente Jaentschke en la misma entrevista.
El problema lo inició la propia dictadura cuando obligó a renunciar al entonces secretario general del SICA, Werner Vargas en noviembre de 2023. Vargas no ha vuelto a aparecer públicamente desde entonces y tampoco ha salido de Nicaragua,
El trasfondo de las negativas
Desde 2021, el régimen ha insistido en imponer como secretario general del SICA a figuras alineadas con la dictadura represiva de Ortega Murillo. La primera terna incluía a Orlando Tardencilla, actual representante de Nicaragua ante la ONU y defensor de la represión estatal; a María Amelia Coronel, ministra del Interior y responsable de la expulsión de ONG del país; y a Luz Marina López Escobar, una arquitecta de origen miskito leal al régimen.
Moncada, el principal candidato del régimen en la terna más reciente, ha sido una de las caras visibles de la diplomacia de Ortega, respaldando las violaciones de derechos humanos denunciadas por organismos internacionales y defendiendo la represión estatal en foros globales.
La mayoría de funcionarios cercanos al régimen han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, lo que les impide hacer gestiones económicas en el exterior y los convierte en figuras con alta carga política y legal.
Los países que rechazaron las ternas argumentaron que las nominaciones de Nicaragua no cumplen con el perfil técnico ni con los principios de imparcialidad que se esperan para un cargo de este nivel. La respuesta de Jaentschke ha sido desafiante. “¿Quiénes son ustedes, Estados, para cuestionar la decisión soberana de Nicaragua? Es nuestra prerrogativa proponer a quienes consideremos idóneos”, dijo.
Una estrategia de aislamiento
El régimen de Ortega ha mostrado un patrón de ruptura con organismos regionales e internacionales. La reciente salida de Nicaragua de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) es parte de la misma estrategia. Ortega ordenó el retiro del país de la CCJ el mismo día en que la Asamblea Nacional aprobó la renuncia de la magistrada sandinista Juana Méndez a la Corte Suprema de Justicia, en un aparente intento de colocarla en la presidencia del tribunal regional.
Jaentschke justificó la salida de la CCJ alegando que el tribunal no cumplía con su función original. “Solo estamos tres países de los ocho que deberíamos estar. La lógica es que hay que sincerar lo que está pasando”, afirmó. Sin embargo, analistas interpretan la medida como una maniobra para evitar futuras resoluciones desfavorables contra el régimen.
El bloqueo a los candidatos de Ortega en el SICA marca otro golpe a la estrategia del régimen de proyectar una imagen de normalidad en el ámbito internacional.
Mientras Ortega y su canciller insisten en que el rechazo es un acto de “sectores politizados”, la realidad es que la comunidad internacional ha endurecido su postura contra el régimen.
