La historiadora y exguerrillera sandinista Dora María Téllez reveló que el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo está llevando a cabo un elaborado montaje propagandístico, presentando a empleados públicos como supuestos “policías voluntarios” y miembros de una “reserva patriótica” del Ejército, en lo que parece ser un compromiso adquirido con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro.
Según las declaraciones de Téllez en su canal de YouTube, el régimen está obligando a diversos funcionarios estatales, incluyendo maestros, personal del Ministerio del Interior, bomberos y agentes de migración, a participar en estas demostraciones de fuerza.
Los participantes son forzados a vestirse con uniformes blanco y negro y a cubrirse el rostro con pasamontañas para ocultar su verdadera identidad y el hecho de que las mismas personas aparecen repetidamente en diferentes presentaciones.
“Están dando gato por liebre a los nicaragüenses”, afirmó Téllez, explicando que esta teatralización comenzó inmediatamente después de una visita de Ortega a Venezuela.
La exguerrillera, quien también fue presa política de la dictadura Ortega-Murillo, estableció una conexión directa entre estas demostraciones y las posteriores declaraciones de Maduro, quien aseguró que Cuba, Nicaragua y Venezuela “estaban listos para la lucha armada”.
La denuncia de Téllez advierte sobre un aspecto particularmente preocupante: estos empleados públicos podrían ser forzados a participar en acciones militares en Venezuela si Maduro llegara a solicitar apoyo.
“Están siendo obligados so pena de despido y de perder su fuente de sobrevivencia”, señaló, destacando la vulnerabilidad de estos trabajadores estatales ante las presiones del régimen.
La revelación de este montaje propagandístico ocurre en un momento en que el régimen familiar Ortega Murillo mantiene un notable silencio frente a recientes condenas internacionales, incluyendo una orden de captura internacional emitida por un juez argentino y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce la manipulación de las elecciones presidenciales de 2011.
Desde 2018, la dictadura familia de los Ortega Murillo han recibido denuncias masivas de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y toda suerte de abusos, corrupción y atrocidades.
Se les responsabiliza como los autores del asesinato de más de 355 muertes, miles de heridos, cientos de miles de exiliados obligados, cientos de destierros, confiscación y robo de empresas, medios de comunicación, tierras, inmuebles y recursos privados y toda forma de latrocinio.
Desde entonces, Murillo, sus hijos y sus allegados han sido sancionados a nivel internacional y enfrentan un juicio por crímenes de lesa humanidad en Argentina, desde donde les han levantado órdenes de captura internacional junto a decenas de esbirros estatales.
