La tensión política en Costa Rica alcanzó un nuevo punto crítico, luego de que el Partido Liberal Progresista (PLP) presentara una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra el presidente Rodrigo Chaves Robles, a quien acusan de “instigación pública”, “intimidación”, “apología del delito” y “atentado” contra la institucionalidad democrática del país.
La denuncia, interpuesta por los diputados Gilberto Campos y Eliécer Feinzaig —este último presidente del PLP—, alega que el mandatario ha incurrido en una conducta sistemática de provocaciones públicas, discursos confrontativos y amenazas veladas que, según los denunciantes, constituyen un riesgo real para la paz social y el orden democrático.
“Esta no es una decisión fácil ni impulsiva. Es una obligación moral, ética y democrática ante un deterioro institucional sin precedentes”, declaró Feinzaig tras presentar la denuncia, agregando que “el presidente ha cruzado límites que no debieron tocarse. Su conducta no es solo autoritaria: representa un riesgo real para la estabilidad democrática”.
Una cadena de declaraciones provocadoras
El detonante fue la conferencia de prensa del 14 de mayo, en la que Chaves reaccionó con dureza ante los recientes allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el marco del caso “Pista Oscura”.
En un tono desafiante, el mandatario dijo: “Y vean, en 1948, yo no estoy diciendo que lo vayan hacer ahora, pero no le jalen el rabo a la ternera, no le jalen el rabo a la ternera. ¿Se animarían? No sé”.
Para los diputados denunciantes, esta frase constituye una incitación velada a la confrontación civil: “Con estas frases y consultando al pueblo si ‘¿se animarían?’, sin duda se está dolosamente instigando a otros a cometer delitos”, sostiene la denuncia.
En la misma comparecencia, Chaves expresó: “Tengan paz muchachos del Poder Judicial, a mí me preocupa que la gente está brava con ustedes… No ven que le están tocando los huevos a mucha gente, al jaguar, al pueblo, tal vez al águila y tal vez a muchos animales que tienen huevos. ¿Y qué tienen para responder? Si se les va de la mano y hay un chispazo, no mucho. Tengamos paz, hagan lo correcto”.
Para Feinzaig, esta retórica alimenta el temor público e incita a la polarización social y revive imágenes de la última guerra civil de Costa Rica, lo que calificó como una “campaña de amedrentamiento a la institucionalidad”.
Otro punto de la denuncia es una declaración que el presidente hizo sobre la proporción de oficiales armados entre la Fuerza Pública y el OIJ:
“¿Esos lo que están comprando mil oficiales del OIJ porque andan armas? Diay el gobierno tiene 17.000 que andan armas. No no no, no estoy amenazando, estoy diciendo que habría que darle la misma pensión a ellos. Aunque los números son interesantes, 17 a 1 también”.
La denuncia afirma que, aunque formulada en referencia a pensiones, la declaración insinúa una capacidad de fuerza desbalanceada, percibida como advertencia al poder judicial.
Reacción social y advertencias electorales
Según Feinzaig, tras estas declaraciones del mandatario ya se han detectado audios, videos y llamados en redes sociales que instan a protestas y desórdenes públicos. A su juicio, esto refuerza la necesidad de frenar el discurso presidencial antes de que se traduzca en hechos concretos.
“Existe sin duda un temor público de que las instigaciones del presidente se materialicen en delitos mayores y generen un desastre nacional”, dijeron.
La denuncia se suma a un creciente historial de conflictos entre Rodrigo Chaves y otros poderes del Estado, incluyendo enfrentamientos con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Asamblea Legislativa y la prensa independiente.
Solo un día antes de esta acusación penal, el TSE archivó dos denuncias por beligerancia política contra Chaves, pero le advirtió mantener neutralidad y prudencia en sus declaraciones públicas.
“Cualquier manifestación con matiz partidario puede erosionar la confianza ciudadana”, recordó la magistratura electoral, instando al mandatario a cuidar el lenguaje en la antesala de las elecciones de 2026.
Antecedentes de conflictos
Desde su llegada al poder en mayo de 2022, el presidente Chaves ha sostenido una relación conflictiva con diversos sectores.
Ha acusado al Poder Judicial de “blindar a corruptos”, ha calificado a la Asamblea Legislativa de “nido de privilegios” y ha mantenido una postura agresiva hacia medios como La Nación, Teletica y CRHoy, a los que ha señalado de formar parte de una “élite podrida”.
También ha tenido enfrentamientos con organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y universidades públicas.
En 2023, su Gobierno fue señalado por organizaciones de derechos humanos por supuestamente obstaculizar la libertad de prensa y deteriorar el clima democrático.
Diversas encuestas han mostrado una caída en su popularidad tras varios escándalos y decisiones polémicas, como el retiro de apoyo a la reforma para permitir allanamientos judiciales durante fines de semana y noches, que él mismo vetó con duras críticas al OIJ y la Fiscalía.
Un nuevo capítulo en la política costarricense
La denuncia del PLP marca un nuevo capítulo en la creciente polarización política del país y tensiona aún más el ambiente de cara a los procesos electorales que se avecinan.
Mientras tanto, la Fiscalía deberá determinar si las declaraciones del presidente pueden ser objeto de acción penal conforme al Código Penal costarricense.
Si prospera la causa, podría abrir un precedente histórico: sería la primera vez en la historia reciente que un presidente en funciones enfrenta una investigación formal por incitación pública y amenazas a la institucionalidad.
