El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) expresó su profunda preocupación por la subasta de frecuencias de radio y televisión impulsada por el Gobierno de Costa Rica y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), al considerar que lejos de fortalecer, debilita el ecosistema mediático nacional.
La organización alertó que los requisitos técnicos y financieros impuestos en el proceso favorecen únicamente a los grandes operadores de medios, lo que pondría en riesgo la permanencia de emisoras comunitarias, regionales y culturales, pilares del pluralismo democrático en el país.
Los precios base establecidos en la subasta van desde ₡4.8 millones ($9,600) para frecuencias en AM hasta ₡800 millones ($1.6 millones) para concesiones de televisión nacional, cifras que —según Iplex— dejan fuera del proceso a decenas de medios locales que no cuentan con capacidad económica para competir.
“Sin diversidad no hay democracia: La subasta de frecuencias es un golpe a la libertad de expresión”, advirtió la institución en un pronunciamiento. A su juicio, se impone una lógica excluyente que expulsa a medios alternativos sin siquiera poder participar en igualdad de condiciones.
Emisoras como Radio HIT, Musical, Onda Brava, Santa Clara y TV Sur han declarado que no pueden asumir los costos exigidos y algunas anunciaron acciones legales. Otras han comenzado a migrar hacia plataformas digitales, aunque enfrentan serias limitaciones en zonas rurales por falta de conectividad.
“Esta no es solo una barrera económica; es una restricción a derechos fundamentales”, alertó Iplex.
Señaló que la pérdida de emisoras locales significa la pérdida de espacios de identidad, cultura y fiscalización del poder, reduciendo la diversidad de voces en la agenda pública.
La subasta, cuyo plazo de recepción de ofertas cerró el viernes, es la primera de su tipo en Costa Rica. Fue convocada por la Sutel a partir del 26 de junio de 2024, tras un acuerdo ejecutivo para abrir el espectro radioeléctrico en AM, FM y televisión abierta. La Contraloría General rechazó los 29 recursos presentados contra el proceso.
Las tarifas, que alcanzan hasta $1.6 millones para frecuencias nacionales de TV, han sido calificadas como “ruinosas” por medios como Radio Musical y la Cadena Radial Costarricense. Otras empresas más grandes, como Teletica y Repretel, sí han confirmado su participación.
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica solicitó suspender el proceso de forma precautoria por sus efectos sobre la libertad de expresión. La Cámara Nacional de Radio (Canara) y la Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel) también han presentado recursos legales solicitando medidas cautelares y la prórroga de sus concesiones por cinco años más.
La subasta continuará mientras no exista una orden judicial que la suspenda. La revisión de ofertas se realizará en varias etapas técnicas y económicas, con una proyección de resultados finales entre marzo y abril de 2025. Las frecuencias asignadas a instituciones públicas como la UCR, UNED, SINART y el ICER están excluidas del proceso por mandato legal.
