La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este jueves que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de la desaparición forzada de cinco menores de edad en El Salvador, ocurrida en agosto de 1982 durante la guerra civil en el país centroamericano.
El organismo responsabiliza a agentes de la Fuerza Armada y acusa al Estado de incumplir con su deber de investigar y reparar a las víctimas.
Los niños desaparecidos son José Vicente, Clara Vilma, Juana Noemy, Gladys Suleyma y Norma Rivas, todos de la misma familia, de entre 3 y 11 años. Según el testimonio de su madre, Nicolasa Rivas, la familia fue atacada durante un operativo militar en la zona del volcán Chinchontepec, en el central departamento de San Vicente. Durante la huida se separaron y los menores quedaron atrapados en el área, donde posteriormente habría aterrizado un helicóptero militar. Desde entonces permanecen desaparecidos.
Demandas de justicia sin respuesta
En 2007, la familia interpuso recursos de hábeas corpus contra miembros del Batallón Atlacatl y de la Quinta Brigada de Infantería. La Sala de lo Constitucional confirmó en 2011 y 2017 la desaparición forzada, atribuida a agentes estatales, y ordenó recabar información del operativo denominado “Invasión Anillo”. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía General de la República no ha mostrado avances significativos en más de una década.
La CIDH señaló que, pese a la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda en 2010 y de una política especial de la Fiscalía en 2018, las acciones han sido insuficientes. Además, criticó la falta de cooperación del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor Conjunto, que alegaron inexistencia de archivos clave, obstaculizando el acceso a la verdad.
En su informe, la CIDH concluyó que el Estado salvadoreño violó derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la protección familiar y a la niñez. También responsabilizó al Estado por incumplir garantías judiciales, acceso a la justicia y al derecho a la verdad.
La desaparición, señaló la Comisión, ha causado un profundo dolor e incertidumbre en los padres de las víctimas, Nicolasa Rivas y Alberto Clímaco Hernández, quienes aún desconocen el paradero de sus hijos.
La CIDH pidió a la Corte IDH que ordene al Estado salvadoreño reparar integralmente las violaciones, con compensación económica y medidas de satisfacción, brindar atención psicológica a los familiares, investigar el paradero de los menores y, de ser posible, entregar sus restos, realizar una investigación penal efectiva para identificar y sancionar a los responsables e implementar medidas de no repetición, incluyendo reformas institucionales y capacitación de las fuerzas armadas.