El tercer debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) evidenció fuertes tensiones entre cinco aspirantes a la presidencia de Costa Rica. La inseguridad, el desempleo y el deterioro de los servicios públicos marcaron la discusión, en la que los candidatos dirigieron duras críticas a la administración de Rodrigo Chaves y a la oficialista Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano.
Participaron en el encuentro Ronny Castillo (Aquí Costa Rica Manda), Eliécer Feinzaig (Liberal Progresista), José Miguel Aguilar (Avanza), Claudio Alpízar (Esperanza Nacional) y Laura Fernández (Pueblo Soberano), quien asistió por primera vez a un debate. Cuestionamientos cruzados y denuncias de inacción oficialista dominaron la noche.
Seguridad: tema central del debate
La creciente criminalidad y el avance del narcotráfico concentraron gran parte del debate. Fernández defendió los avances del Gobierno en seguridad y aseguró que su administración continuaría con una “lucha sin cuartel contra la impunidad”.
Reiteró su respaldo al proyecto de una mega cárcel impulsado por el presidente Chaves.
Sin embargo, sus rivales no tardaron en responder. Claudio Alpízar recordó que, bajo esta administración, Costa Rica superó los 2.500 homicidios en tres años, más que los registrados durante la guerra civil de 1948. José Miguel Aguilar acusó al Gobierno de haber incrementado las exportaciones de droga y permitido el avance del crimen organizado.
Las cifras de homicidios fueron utilizadas por los candidatos para criticar la gestión de seguridad. Fernández insistió en la lucha contra la impunidad.
Feinzaig advirtió que dar continuidad al gobierno actual sería “entregar el país al crimen organizado”.
Feinzaig fue más allá y aseguró que la gestión de Chaves “abrió las puertas al narcotráfico” al eliminar radares y tecnología clave para la vigilancia costera. También acusó a Fernández de formar parte de una administración que “defiende a narcotraficantes”.
Choques personales y acusaciones
El debate fue también escenario de confrontaciones personales. Fernández acusó a sus contendientes de atacarla en bloque, aunque no dejó pasar la oportunidad para ironizar sobre el plan de seguridad de Aguilar, al que calificó como una copia del oficialismo.
Claudio Alpízar criticó con dureza a Fernández por incluir como candidato a diputado a José Miguel Villalobos, señalado como abogado de narcotraficantes y de mantener una millonaria deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
También la corrigió al recordarle que la construcción de Ebais y hospitales depende de la CCSS, no del Ejecutivo.
Otros temas
Cuatro candidatos coincidieron en que el gobierno no ha generado políticas efectivas para impulsar el empleo formal. Feinzaig denunció que el 45 % de los trabajadores está en la informalidad. Aguilar denunció que el desempleo juvenil triplica el promedio nacional y cuestionó la gestión del INA.
Laura Fernández afirmó que desde 2022 se han creado 122 mil empleos, lo que en su criterio demuestra la eficacia del Gobierno.
Todos los candidatos —excepto Fernández— coincidieron en que el sistema público está en crisis. Castillo propuso saldar la deuda del Estado con la CCSS.
El debate cerró con un tono de confrontación. Fernández se declaró atacada, mientras el resto de los candidatos coincidieron en responsabilizar al Gobierno de un grave deterioro institucional.
