A excepción de Costa Rica, los demás países de Centroamérica han endurecido sus leyes y herramientas judiciales contra las organizaciones de la sociedad civil, según una investigación del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam).
El Salvador, Guatemala y Nicaragua son los países centroamericanos que aplican las leyes más estrictas a las organizaciones no gubernamentales (ONG), siendo el régimen nicaragüense el más agresivo y violento contra las organizaciones.
Los 3 países, gobernados por Nayib Bukele (El Salvador), Alejandro Giammattei (Guatemala) y Daniel Ortega (Nicaragua) “han trabajado para socavar el sistema” y controlar los demás poderes del Estado -en especial el Poder Judicial- “permitiéndoles crear leyes antidemocráticas” para neutralizar a las ONG, explicó la Cetcam.
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— CETCAM (@CetcamCA) September 28, 2023
“Una de las maneras en las que este tipo de acciones se han manifestado es que son los países de la región con las leyes más estrictas en contra de las organizaciones de la sociedad civil”, concluyó el estudio, denominado “Nuevos autoritarismos, derecho de asociación y organizaciones sociales en Centroamérica”.
“En Centroamérica, todos los países excepto Costa Rica cuentan actualmente con leyes que ya están aprobadas o proyectos de ley, que limitan las operaciones de las organizaciones de la sociedad civil de distintas formas”, dice el informe.
En El Salvador existe el “Instructivo para la prevención, detección y control del lavado de dinero y de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva” aprobado en octubre de 2021 (Fiscalía General de la República, 2021).
“Costa Rica destaca por ser el único país en la región en la que no existe una ley que cumpla con las características de las otras cuatro. Esto no quiere decir que Costa Rica no tenga leyes para prevenir el lavado de dinero, solo que la ley que tiene ese objetivo no sobrepasa los límites de lo que es monitoreo y vigilancia”, detalla la investigación.
Por ejemplo, la Ley de Asociaciones costarricense establece todos los marcos legales bajo los cuales todos los tipos de OSC deben operar, sin ningún lenguaje ambiguo que permita una interpretación de parte del Gobierno. Esta ley no ha cambiado desde 1970, cuando se adoptó.
El contenido de esas leyes es similar en esos 3 países, “pues todas consisten en la combinación de restricciones financieras, monitoreo de los beneficiarios y donantes, obstáculos en el registro de las organizaciones, lenguaje ambiguo y la criminalización de las OSC y sus miembros, al igual que el poder de clausurar cualquiera de estas a voluntad”, puntualizó.
“Un aspecto preocupante presente en las legislaciones de Nicaragua, El Salvador y Guatemala es la criminalización de las ONG y sus beneficiarios en caso de incumplir con las nuevas medidas regulatorias”, indica el documento.
“Todas incluyen disposiciones que penalizan determinadas actividades o el incumplimiento de la normativa. Las penalizaciones tienen diferentes niveles”, señala.
En el más bajo se encuentran las multas, ya sea para las organizaciones en sí o sus integrantes.
A pesar de ser la más leve, pueden significar el cierre de una organización o bien ser tan altas que no puedan ser cubiertas por el individuo al que se la ha impuesto, lo cual puede llevar a la insolvencia y todo lo que esto representa para alguien.
En casos más extremos, las faltas a la ley pueden ser castigadas con penas de prisión. Esto se vio ejemplificado en Nicaragua durante el 2021, cuando se utilizaron las tres leyes para sentenciar a los opositores del régimen en Nicaragua.
En su punto más alto, llegaron a encarcelar a más de 200 miembros de la sociedad civil (Abi-Habib, 2023).
“Esto no es una casualidad, sino un síntoma del autoritarismo”, valoró la Cetcam, un centro de pensamiento integrado por investigadores centroamericanos de distintas disciplinas, con sede en Costa Rica.
El caso más emblemático, alertó la Cetcam, es el de Nicaragua, en donde más de 3,000 ONG han sido disueltas en los últimos cinco años y en la mayoría de los casos sus bienes han sido decomisados.
Dos de los más recientes casos de confiscación son la Universidad Centroamericana y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas en Nicaragua.
“En síntesis, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala cuentan con legislaciones que atentan contra el libre funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil”, concluye el informe.
