El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica declaró con lugar este jueves un amparo electoral presentado contra el presidente Rodrigo Chaves, al considerar que el mandatario incurrió en manifestaciones reiteradas, graves y abusivas que lesionan la libertad del sufragio y atentan contra la equidad en la contienda electoral de cara a las elecciones generales de 2026.
La resolución, emitida por la máxima autoridad electoral costarricense, representa un llamado de atención sin precedentes en la actual administración y sienta un precedente en materia de control institucional sobre el uso político de la investidura presidencial.
El recurso fue interpuesto por el politólogo y exprecandidato Claudio Alpízar Otoya, quien denunció que el presidente ha utilizado su imagen, poder y plataforma para construir una narrativa que favorece directamente a un sector o agrupación política específica, afectando los derechos de los eventuales contendientes y del electorado.
“El señor Presidente de la República incurrió en actuaciones que, por su carácter reiterado y su innegable gravedad, afectaron derechos fundamentales del amparado, de manera directa, y del electorado, en forma refleja”, dictaminó el TSE en su resolución.
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— TSE Costa Rica (@TSECostaRica) June 26, 2025
Según el tribunal, la reiteración e intensidad de los mensajes presidenciales, sumadas al peso institucional de su investidura, alteraron la equidad del proceso electoral al beneficiar políticamente a ciertos sectores, una conducta expresamente prohibida por la normativa costarricense.
Chaves, advertido pero no sancionado
Aunque la sentencia no impone sanciones legales específicas, el TSE previno expresamente al presidente Chaves para que, en adelante, se abstenga de emitir declaraciones o realizar actos que incidan en la libre determinación del electorado o beneficien a partidos, candidaturas o movimientos que participen en las elecciones de 2026.
“La legítima rendición de cuentas a la ciudadanía no requiere las manifestaciones concretas y reiteradas en las que se evidencia una intención de persuadir a las personas para que tomen una postura político-electoral específica”, aclaró el TSE.
El fallo representa un límite institucional a la estrategia política del mandatario, quien ha sido duramente criticado por mantener una línea de confrontación directa con sus adversarios políticos y los medios de comunicación, lo que ha tensado las relaciones entre los poderes del Estado.
Un estilo confrontativo bajo escrutinio
Desde su llegada al poder en 2022, Chaves ha mantenido un discurso populista, directo y desafiante, dirigido a amplios sectores de la ciudadanía, pero también cargado de ataques frecuentes contra figuras políticas tradicionales y órganos autónomos, incluido el propio TSE.
Su estilo, que ha reforzado su base de apoyo, ha sido también señalado por analistas como un factor de erosión institucional.
Algunos sectores temen que, bajo ese esquema discursivo, el presidente esté construyendo un aparato político paralelo en beneficio de sus aliados o de un eventual heredero electoral, aprovechando la popularidad de su figura para desequilibrar la competencia democrática.
Reacciones políticas y preocupación democrática
La resolución ha sido celebrada por sectores académicos y opositores como un acto de firmeza institucional que protege los principios democráticos.
Claudio Alpízar, el autor del amparo, expresó que la decisión del TSE “es un hito que reivindica el derecho de los costarricenses a un proceso electoral justo, sin interferencias del poder Ejecutivo”.
Por su parte, legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio (FA) pidieron al presidente respetar los límites de su cargo y cesar en el uso político de su imagen institucional. El mandatario no se ha pronunciado oficialmente sobre el fallo.
Contexto rumbo a 2026
Costa Rica celebrará elecciones generales en febrero de 2026 para elegir presidente y diputados. Aunque la reelección presidencial no está permitida, crece la expectativa sobre a quién respaldará Rodrigo Chaves desde el poder y si intentará incidir en la campaña para mantener el control político.
El fallo del TSE refuerza la vigilancia sobre el uso del aparato estatal con fines electorales, una práctica común en otras latitudes de la región, pero que en Costa Rica ha sido históricamente contenida por un sistema institucional robusto.
Con este pronunciamiento, el TSE busca marcar un freno ante el uso abusivo del poder y garantizar un proceso electoral basado en la equidad, el pluralismo y la libre determinación del voto.
