El opositor nicaragüense Reinaldo Picado Miranda fue liberado el sábado en Costa Rica, tras permanecer 32 meses y cinco días en prisión preventiva mientras enfrentaba una solicitud de extradición presentada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La liberación fue posible luego de que el Tribunal Administrativo Migratorio (TAM) del país centroamericano le concediera estatus de refugiado político, reconociendo el riesgo que corría su vida e integridad si regresaba a Nicaragua.
El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) celebró la medida y denunció que Picado fue víctima de un “proceso injusto y de reiterada negación de su derecho a refugio” por más de dos años y medio. El activista era acusado por el régimen sandinista de haber participado en el asesinato de una agente policial y un civil en el departamento de Río San Juan en 2022, cargos considerados por organizaciones de derechos humanos como parte de una persecución política sistemática contra los disidentes.
El 27 de noviembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había emitido la Resolución 90/2024, otorgándole medidas cautelares a favor de Picado, ante la “situación de gravedad y urgencia” por el riesgo de ser extraditado y sufrir tortura o tratos crueles en Nicaragua.
El Movimiento Campesino de Nicaragua, encabezado por el líder Medardo Mairena Sequeira, fue clave en la defensa internacional del caso, con el respaldo del abogado costarricense Daguer Hernández y un equipo jurídico que acudió a instancias como la Relatoría Especial sobre la Tortura de la ONU y la propia CIDH. Alegaron que las autoridades costarricenses no valoraron adecuadamente el contexto sociopolítico en Nicaragua, donde se han documentado violaciones sistemáticas a los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
“El Estado costarricense actuó en estricto apego al derecho internacional al reconocer la condición de refugiado del señor Reinaldo Picado Miranda y evitar así su entrega a las cárceles del régimen sandinista”, destacó el Movimiento Campesino en un comunicado. Además, agradecieron a los defensores de derechos humanos, medios de comunicación y ciudadanos costarricenses que se solidarizaron con la causa.
Esta decisión se convierte en un precedente importante para la protección internacional de personas perseguidas por razones políticas en América Latina, y representa un revés diplomático para el régimen de Ortega. Según organizaciones como GREX, miles de nicaragüenses huyen del país cada año por represión estatal, amenazas y violaciones a sus libertades.
No obstante, casos como el del activista Douglas Gamaliel Álvarez Morales, quien fue extraditado a Nicaragua en febrero de 2024 y sometido a torturas, siguen siendo un recordatorio del peligro que enfrentan los opositores políticos en el exilio.
