El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, confirmó que al menos 35 personas involucradas en narcotráfico y homicidios, quienes obtuvieron la nacionalidad costarricense, serán los primeros en ser deportados una vez entre en vigor la reforma constitucional sobre extradición, prevista para 2026.
“Tenemos identificados en Costa Rica casi 35 mafiosos, esencialmente colombianos y venezolanos nacionalizados, que están protegidos y tienen casos judiciales abiertos en Estados Unidos”, declaró Zamora al medio costarricense Central Noticias.
Según el ministro, muchos de estos individuos evadieron la justicia internacional gracias a la nacionalización costarricense, que hasta ahora impedía su extradición.
“Estados Unidos dejó de enviarnos solicitudes de extradición porque Costa Rica no las procesaba, ya que estas personas tenían la nacionalidad costarricense”, lamentó al referirse a la urgencia de aplicar esta medida para combatir estructuras criminales en el país.
Además, Zamora señaló que se estima un universo de hasta 70 personas que podrían ser deportadas bajo esta nueva disposición, la cual requiere aún la aprobación de una segunda legislatura para consolidarse como una reforma constitucional.
El titular de Seguridad advirtió que la presencia de estos individuos “potenció el desarrollo criminal en Costa Rica e introdujo prácticas delictivas como el sicariato, que hace una década eran poco comunes en el país”.
Añadió que actualmente esta modalidad es utilizada con frecuencia por organizaciones criminales que operan en el territorio.
“Nos tardamos tanto en adoptar esta medida tan necesaria, que eso generó un efecto llamada para que campos mafiosos vinieran al país y obtuvieran nuestra nacionalidad como un mecanismo de protección ante la justicia internacional”, sostuvo Zamora.
Pendiente de ratificación en 2026
La Asamblea Legislativa ya aprobó en primera instancia la reforma constitucional que permitirá la extradición de costarricenses por delitos graves, como narcotráfico y homicidios. La segunda y definitiva aprobación corresponderá al próximo Congreso, el cual asumirá funciones en 2026.
Con esta iniciativa, el gobierno costarricense busca reforzar su lucha contra el crimen organizado y restablecer la cooperación internacional en materia de justicia y seguridad.
Costa Rica sufre una ola de criminalidad sin precedentes. En 2023, el país alcanzó la cifra histórica de 907 homicidios, lo que significó un aumento del 39 % en comparación con 2022, cuando se registraron 654 asesinatos. Fue el año más violento en la historia reciente del país, con un promedio de 2,48 homicidios diarios.
Para 2024, la situación no mostró una mejora significativa. El año cerró con 880 homicidios, más 30 desaparecidos, consolidando una crisis de seguridad que ha posicionado a Costa Rica como uno de los países con mayor aumento de la violencia en la región.
Durante los primeros 14 días de marzo, las autoridades registraban 45 homicidios, según datos revelados por el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga.
