La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este martes una partida extraordinaria de ₡7.870 millones (unos 15 millones de dólares) para la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo del Cecot de El Salvador.
La decisión, impulsada por el gobierno de Rodrigo Chaves, se concretó tras redirigir recursos de diez instituciones públicas, entre ellas Salud, Seguridad, Transporte y Migración, lo que ha desatado críticas sobre las prioridades del Ejecutivo.
La obra, denominada Centro de Alta Contención de la Criminalidad (Cacco), tendrá capacidad para 5.000 reos y forma parte de la estrategia oficial para contener el hacinamiento penitenciario y enfrentar al crimen organizado.
Según el Ministerio de Justicia, se trata de un complejo penitenciario moderno que permitirá separar a la población carcelaria según su peligrosidad, replicando aspectos del modelo de alta seguridad implementado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.
Votación unánime en medio de cuestionamientos
La Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó por unanimidad la partida, con votos tanto de oficialistas como de opositores. Legisladores del Partido Liberación Nacional, Frente Amplio y Nueva República coincidieron en la necesidad de avanzar con el proyecto, aunque reclamaron al Ejecutivo la manera de justificar los recortes.
“El jerarca está pidiendo con el garrote en la mano”, criticó el diputado Luis Fernando Mendoza (PLN) en referencia al ministro de Justicia, Gerald Campos, quien había responsabilizado a los diputados si no se aprobaban los recursos.
Recorte a seguridad, salud y migrantes
Para financiar la cárcel, el Gobierno recortó partidas a diez ministerios y entidades públicas, entre ellos:
Ministerio de Seguridad Pública: ₡4.122 millones (USD 7,850,000).
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT): ₡1.745 millones (USD 3,320,000).
Ministerio de Salud: ₡886,3 millones (USD 1,690,000).
Ministerio de Hacienda: ₡364,9 millones (USD 695,000).
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: ₡88,8 millones (USD 170,000).
Ministerio de Agricultura y Ganadería: ₡61,9 millones (USD 118,000).
Ministerio de Trabajo: ₡66,8 millones (USD 127,000).
Ministerio de Comercio Exterior (Comex): ₡237,8 millones (USD 453,000).
Presidencia de la República: ₡55,3 millones (USD 105,000).
Ministerio de Gobernación y Policía: ₡253,7 millones (USD 483,000).
El ajuste más polémico fue el de ₡156 millones (USD 297,000) a la Dirección de Migración y Extranjería, lo que, según organizaciones de derechos humanos, impactará en la atención a personas migrantes y solicitantes de refugio en un país que concentra casi 200.000 solicitudes.
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Migración, en el centro del debate
El diputado Jonathan Acuña (Frente Amplio) intentó revertir el recorte a Migración mediante una moción que no prosperó.
Sin embargo, dio su voto al proyecto tras un acuerdo político con los oficialistas Pilar Cisneros y Alexánder Barrantes, quienes se comprometieron a buscar fondos alternativos.
“No podemos afectar a las organizaciones que atienden a migrantes, pero reconocemos la urgencia de avanzar con el proyecto carcelario”, afirmó Acuña.
Prioridades en disputa
El Gobierno defiende la reasignación como un sacrificio necesario para enfrentar un problema estructural: el hacinamiento carcelario que supera el 30 % y ha sido señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No obstante, críticos advierten que debilitar instituciones clave como Salud, Seguridad y Transporte Público para financiar una mega cárcel podría generar más desequilibrios que soluciones.
Con los planos en revisión por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el Ejecutivo busca acelerar el inicio de obras de lo que considera un “proyecto insignia” en su estrategia contra el crimen organizado, en medio de un año en el que Costa Rica se acerca a la cifra récord de 600 homicidios.
