La Corte Plena de Costa Rica acordó este martes 1 de julio solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, tras recibir una acusación de la Fiscalía General por el presunto delito de concusión relacionada con un contrato de comunicación de más de 400.000 dólares financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El máximo tribunal costarricense adoptó la decisión después de que el fiscal general, Carlo Díaz, imputara a Chaves por supuestamente abusar de su cargo al inducir la entrega de beneficios indebidos. La concusión es una figura penal que castiga a los funcionarios que utilizan su investidura para exigir o recibir ventajas ilegítimas.
La acusación se centra en un contrato adjudicado en 2022 a la empresa RMC La Productora S.A., propiedad de Christian Bulgarelli, por un monto de 405.800 dólares provenientes de un fondo de cooperación del BCIE, destinado originalmente a servicios de comunicación institucional.
Según la investigación, Bulgarelli habría redactado los términos de referencia del concurso que posteriormente ganó. La Fiscalía sostiene que Chaves y su entonces jefe de despacho, Jorge Rodríguez —actual ministro de Cultura—, tenían conocimiento de esa situación. En el expediente constan audios de conversaciones en las que Chaves alude a “antojos”, “chineos y cariñitos” en referencia a los recursos del contrato.
Además, el contratista presuntamente transfirió 32.000 dólares a la cuenta de la propietaria de una vivienda que posteriormente fue alquilada por un asesor cercano al mandatario, Federico Cruz, conocido como “Choreco”.
Procedimiento y antecedentes
El levantamiento de la inmunidad requiere el voto afirmativo de al menos 38 diputados del Congreso. De aprobarse, la Sala III de la Corte Suprema, encargada de lo penal, asumiría el proceso jurisdiccional y designaría a uno de sus magistrados para investigar y encausar a Chaves.
En caso de que el presidente cese en el cargo por cualquier motivo, el juicio pasaría automáticamente a los tribunales ordinarios.
Se trata del episodio judicial más delicado que enfrenta Chaves desde que asumió el poder en mayo de 2022. Durante su gestión, el mandatario ha sostenido un discurso confrontativo con los órganos de control y con medios de comunicación, asegurando que es objeto de una persecución política por parte de sectores tradicionales que —en sus palabras— “han gobernado la patria durante 75 años”.
El propio presidente reaccionó a la acusación el pasado 9 de abril, en un mitin en el parque central de Atenas, donde afirmó que “los filibusteros que han gobernado esta patria quieren callarme, amedrentarme, encarcelarme”. Su abogado, José Miguel Villalobos, calificó el proceso como un “disparate”.
La solicitud de levantamiento del fuero presidencial ocurre mientras Chaves consolida una base política conocida como “chavismo”, con un marcado discurso antisistema y de crítica permanente a la institucionalidad. El caso podría agudizar la polarización política de cara a las elecciones de 2026.
La Asamblea Legislativa deberá ahora conformar una comisión especial que estudie el expediente antes de someter a votación el retiro de la inmunidad presidencial, un hecho inédito en la historia reciente del país.
