La Corte de Constitucionalidad (CC}) de Guatemala declaró inconstitucionales varios artículos del pacto colectivo vigente entre el Ministerio de Educación (Mineduc) y el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG).
La Corte declaró fuera de lugar artículos que otorgaban al sindicato dirigido por Joviel Acevedo atribuciones que le corresponden al Ministerio de Educación. El pacto permitía que fuera el sindicato quien aprobara programas de capacitación docente y le permitía intervenir en procesos administrativos como la integración de juntas en conflictos laborales, además, le daba facultades para supervisas programas que financia el Estado.
Los recursos presentados ante la Corte argumentaban que el Sindicato ejercía funciones del Estado desde la homologación del pacto colectivo durante el mandato del expresidente Alejandro Giammattei. Con la declaratoria de la Corte, el Sindicato solo podrá negociar condiciones laborales y defender derechos de sus afiliados.
“La sentencia acoge la tesis central planteada por el Estado de Guatemala: algunas disposiciones del Pacto vulneran la rectoría del Ministerio de Educación” señala el Mineduc en su comunicado de prensa.
Este fallo se suma al proceso que lleva el Ministerio de Salud para revisar este pacto sindical y el proceso de destitución y sanción contra dirigentes sindicales acusados de participar en el cese de labores que inició en mayo y terminó en agosto de 2025.
El proceso de inconstitucionalidad de al menos artículos fue promovido por el titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Julio Saavedra. Entre los artículos también declarados inconstitucionales por la Corte se encuentra uno que alegaba que las Juntas Mixtas reemplazaban la rectoría estatal.
Al conocerse el fallo, el Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que ven positiva la resolución de la Corte porque les da “certeza jurídica” en sus actuaciones y les permite “seguir avanzando en el rescate de la educación pública”.
Para el Mineduc, el fallo confirma que “la conducción del sistema educativo le corresponde” al Ministerio y que las decisiones sobre programas, capacitaciones, supervisiones y servicios educativos “no pueden quedar condicionadas a la aprobación, consenso y supervisión” del Sindicato.
El Sindicato emitió un pronunciamiento en sus redes sociales donde asegura que las resoluciones de la Corte son una “manipulación política”.
