Áreas como la transparencia y corrupción, justicia ambiental, género, salud y seguridad mantienen puntos críticos en la gobernanza de Honduras durante los primeros 100 días de gobierno de Nasry Asfura, según un informe del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).
Aunque estas áreas mantienen puntos críticos y necesidades urgentes de resolver, el Cespad también recuerda que Asfura heredó “una deuda pública asfixiante” y que a ellos se suman las constantes tensiones sociales que se han agravado por alternancias que “no han podido satisfacer las demandas” de la población.
En cuanto a transparencia y corrupción, el Cespad señala que entre los puntos críticos está que ni el gobierno ni el Congreso han definido una ruta clara para ordenar prioridades y emitir leyes que tengan conexión entre sí, limitando así su impacto.
Además que se han mantenido leyes que sostienen la impunidad por actos de corrupción que cometen altos funcionarios porque se favorece la prescripción de delitos. En ese sentido, el informe señala que la normativa vigente restringe la acción penal y protege a funcionarios por investigaciones de corrupción.
“La situación de seguridad en Honduras revela una preocupante escalada de violencia existente que trasciende la mera percepción ciudadana. Los datos evidencian un repunte de la violencia en comparación con el 2025, registrándose homicidios, femicidios, la reaparición de delitos de alto impacto como masacres y secuestros” señala el informe.
En el tema de justicia ambiental, el informe señala un retroceso en el gobierno de Asfura porque en marzo se anunció la reactivación de la “ventanilla única” para la emisión de licencias ambientales para proyectos extractivistas en procedimientos rápidos y ágiles.
En cuanto al tema de género, el Cespad externó su preocupación por el 95 % de tasa de impunidad en los casos de violencia conta mujeres. Hasta abril las autoridades reportaban 72 femicidios, lo que, evidenciaría “el fracaso de un sistema de justicia que carece de unidades especializadas” para atender casos de violencia.
Pese a estos datos alarmantes, el tema de violencia contra mujeres sigue excluido porque del presupuesto son cifras mínimas las que se destinarán para instituciones que brindan atención a mujeres.
Por otro lado, en el tema de salud se ha identificado como puntos críticos la privatización de servicios de salud, donde clínicas privadas están resolviendo la mora quirúrgica, lo que indica que el gobierno debe fortalecer la red pública hospitalaria.
