La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, rechazó este martes la solicitud del Congreso Nacional para establecer plazos de reapertura del escrutinio tras las elecciones generales, al considerar que la petición viola el orden constitucional y vulnera la autonomía del órgano electoral.
El pronunciamiento de Hall responde al Decreto No. 58-2025, aprobado por el Poder Legislativo y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 9 de enero de 2026 tras ser firmado por la presidenta Xiomara Castro, mediante el cual se ordena al CNE reabrir procesos de conteo de votos. La funcionaria dejó claro que el organismo no acatará lo dispuesto en dicho decreto, amparándose en la Constitución y la Ley Electoral.
“El CNE es un órgano constitucional autónomo e independiente, sin subordinación a ningún Poder del Estado”, afirmó Hall, quien además recordó que la declaratoria oficial de resultados ya fue emitida conforme al marco legal vigente, agotando con ello la competencia administrativa del Consejo en materia de escrutinio.
El pasado 24 de diciembre, el CNE proclamó presidente electo a Nasry “Tito” Asfura y cuatro días después proclamó a los ganadores en las elecciones legislativas y municipales del 30 de noviembre.
En su respuesta al Congreso, la presidenta del CNE señaló que “no existe disposición constitucional ni legal que faculte al Consejo para reabrir procesos de conteo una vez emitida la declaratoria oficial”, y advirtió que ejecutar instrucciones legislativas en este sentido supondría una violación a la institucionalidad democrática.
Hall también denunció que el decreto legislativo incurre en un “vicio constitucional insubsanable”, al pretender modificar el régimen jurídico del escrutinio sin cumplir con el requisito de mayoría calificada de dos tercios exigido por la Constitución. “Tal circunstancia… produce nulidad de pleno derecho del referido decreto, lo que impide a este Consejo darle ejecución sin vulnerar el orden constitucional”, expresó.
La funcionaria agregó que incluso el propio titular del Congreso reconoció públicamente que la norma fue aprobada sin la mayoría calificada, lo que refuerza la postura del CNE de no acatar lo ordenado.
En ese sentido, Hall enfatizó que “el CNE se encuentra jurídicamente imposibilitado de señalar plazos o iniciar actuaciones en los términos solicitados” y recomendó a los sectores inconformes recurrir a las vías jurisdiccionales previstas por la ley, fuera del ámbito administrativo del Consejo.
Con esta posición, el ente electoral busca preservar la firmeza de la declaratoria oficial y salvaguardar su independencia frente a presiones políticas, en un contexto donde se cuestiona la legitimidad del proceso electoral por parte de algunos sectores del Legislativo.
