Consejo Anticorrupción de Honduras insiste en juicio político a fiscal general y a consejero electoral

El Consejo Nacional Anticorrupción solicitó al Congreso Nacional activar el mecanismo de juicio político contra el fiscal general y un consejero electoral. La organización sostiene que el proceso es necesario para fortalecer la rendición de cuentas y la institucionalidad en Honduras.

Johel Zelaya, fiscal general de Honduras.

La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras, Gabriela Castellanos, instó al Congreso Nacional a iniciar procesos de juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya y el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.

Castellanos señaló que ha exigido al legislativo discutir el tema de forma amplia. Además, pidió no limitar el proceso solo al titular del Ministerio Público. Según indicó, otros funcionarios también deben rendir cuentas.

La representante del CNA afirmó que el actual Congreso debe asumir responsabilidades pendientes del período anterior. En ese sentido, subrayó que no se puede pasar de una administración a otra sin revisar decisiones pasadas.

Señalamientos sobre el proceso electoral y la democracia

Castellanos mencionó directamente a Marlon Ochoa, del Partido Libre, al referirse a los funcionarios que deberían enfrentar un juicio político. Según expresó, el consejero del CNE puso en riesgo la democracia durante el proceso electoral.

También advirtió que la falta de consecuencias debilita la institucionalidad. A su criterio, si no se aplica el juicio político, el país seguirá con funcionarios que no cumplen su labor.

La titular del CNA sostuvo que el mecanismo constitucional busca fortalecer el Estado de derecho. Además, afirmó que la aplicación del juicio político puede servir como herramienta de control político sobre altos cargos.

Llamado ciudadano y decisión del Congreso

Castellanos hizo un llamado a la ciudadanía a exigir transparencia y rendición de cuentas. Indicó que los hondureños deben involucrarse en la defensa de la democracia y la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, aclaró que la decisión final corresponde a los diputados del Congreso Nacional. Cada legislador deberá definir si apoya o no la apertura del juicio político contra los funcionarios señalados.

En los últimos meses, distintos sectores han pedido discutir este mecanismo constitucional. El debate sobre el juicio político vuelve así a la agenda pública como instrumento de control sobre altos funcionarios del Estado.

Consejo de la Judicatura y reformas pendientes

Por otra parte, Castellanos se refirió a la posible reactivación del Consejo de la Judicatura. Consideró que esta instancia puede fortalecer los pesos y contrapesos dentro del sistema judicial.

Señaló que el Congreso analiza propuestas sobre el tema. Además, recomendó revisar la experiencia anterior para evitar fallas en su funcionamiento.

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