Consejo Anticorrupción de Honduras exige derogar inmunidad parlamentaria tras polémica publicación de préstamos sin ratificación del Congreso

El CNA elevó su voz este viernes ante lo que considera un nuevo abuso de poder en el Congreso, tras la publicación de millonarios contratos sin el aval del pleno, y urgió eliminar privilegios que impiden la rendición de cuentas de los legisladores.

Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) advirtió que la inmunidad parlamentaria debe ser eliminada con urgencia, luego de que el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, ordenara la publicación de tres contratos de préstamo por 190 millones de dólares sin la debida ratificación del pleno legislativo.

La organización denunció que el Congreso ha dejado de funcionar como un espacio de debate democrático para convertirse en una plataforma de imposiciones al servicio de intereses particulares, donde decisiones clave, como la aprobación de millonarios contratos, se toman al margen de la ley.

Según el CNA, lo ocurrido con la publicación de los contratos con la Corporación Andina de Fomento (CAF) representa un nuevo atropello al orden constitucional, al haberse obviado la votación y ratificación del acta legislativa, paso obligatorio según la normativa vigente. “¡Avasallar no es lo mismo que legislar!”, enfatizó la entidad, señalando que el Congreso está siendo utilizado como una “reunión de bancada” y no como el poder del Estado que representa a la ciudadanía.

Los contratos, suscritos el 30 de diciembre de 2024 y formalizados por la Secretaría de Finanzas, están destinados a programas de infraestructura, reinversión pública y fortalecimiento institucional. Sin embargo, su publicación directa en el diario oficial La Gaceta, sin cumplir con el procedimiento parlamentario, ha provocado una ola de críticas entre juristas y diputados opositores, quienes denuncian la violación del principio de legalidad.

El CNA considera que este tipo de acciones refuerzan la necesidad de eliminar la inmunidad de los diputados, para que puedan responder ante la justicia cuando incumplen sus funciones. “Los privilegios parlamentarios no deben servir de escudo para quienes distorsionan la función legislativa”, sentenció la organización.

Analistas temen que este precedente pueda afectar la seguridad jurídica del país y dañar su credibilidad ante organismos financieros internacionales. Mientras tanto, la discusión sobre el respeto al procedimiento legislativo y la responsabilidad política sigue encendida.

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