La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, criticó al Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo en Honduras por el estancamiento en el proceso de instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). Según ella, ambas instituciones han incumplido las promesas de campaña que alimentaron la esperanza ciudadana de un cambio real en la lucha contra la corrupción.
En declaraciones ofrecidas a medios de comunicación, la titular del CNA afirmó que ni el Ejecutivo ni el Legislativo han generado las condiciones necesarias para que una misión internacional, como la CICIH, pueda establecerse en el país. “Nos vimos nuevamente engañados. Promesas de campaña que no han sido efectivas en este gobierno”, expresó, apuntando a una evidente falta de voluntad política que ha frenado la respuesta afirmativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para avanzar en el proceso.
Castellanos recalcó que cumplir con los requisitos para la llegada de la CICIH requiere acciones legislativas concretas, como la modificación y derogación de leyes, así como la aprobación de normativas que fortalezcan el sistema de justicia en Honduras.
🚨❗“Lo poco que publica el Congreso Nacional está lejos de la verdad. Nosotros podemos decir que es un Congreso opaco y que no legisla para el pueblo”
Gabriela Castellanos, directora del CNE. pic.twitter.com/1QbEVjPAtD
— TSiHonduras (@TSiHonduras) May 22, 2025
La CICIH es una iniciativa promovida por la ciudadanía, cuyo objetivo es establecer un ente independiente con el respaldo de la ONU para investigar casos de corrupción de alto impacto. Esta fue una de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, quien firmó un memorándum de entendimiento con la ONU en diciembre de 2022 como paso inicial del proceso.
Sin embargo, más de dos años después, el avance ha sido limitado. El canciller Eduardo Enrique Reina informó que el memorándum fue ampliado hasta junio de 2025, lo que refleja que aún hay puntos clave en negociación. Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), han expresado su preocupación por la lentitud del proceso. Según la ASJ, hasta principios de 2024, solo se habían cumplido 7 de los 26 compromisos necesarios para hacer realidad la instalación de la comisión.
La demora en el cumplimiento de estos compromisos continúa generando dudas sobre la verdadera voluntad del Estado hondureño para combatir la corrupción de manera efectiva y con el acompañamiento internacional prometido
