El consejero electoral de Honduras, Marlon Ochoa, informó que no está desaparecido y que se encuentra en buen estado de salud. El funcionario dijo saber que su destino político está definido, a las puertas de un juicio en el Congreso Nacional.
Además, explicó que permanece en un espacio de reflexión cristiana durante la Semana Santa.
Denuncias de amenazas y presión política
En su mensaje, Marlon Ochoa denunció amenazas en su contra. Señaló que existe un intento de condenarlo en el Congreso Nacional.
El consejero afirmó que estas acciones surgen tras negarse a avalar un supuesto fraude electoral ocurrido el 30 de noviembre. Según indicó, fue testigo directo de dichas irregularidades.
Asimismo, sostuvo que enfrenta una campaña de intimidación. Aseguró que buscan silenciar sus denuncias relacionadas con el proceso electoral.
Sé que el régimen ilegal ha arreciado sus amenazas de condenarme en el Congreso Nacional; una muerte anunciada por todos los medios desde el momento en que me negué a avalar el descarado fraude del 30 de noviembre, del cual soy testigo presencial.
No estoy desaparecido. Me…
— Marlon (@MarlonOchoaHN) April 3, 2026
Acusaciones contra el Gobierno
Ochoa acusó al gobierno de Nasry Asfura de “régimen ilegal” y de difundir información falsa. También denunció el uso de intimidación y desestabilización emocional como mecanismos para generar miedo en la población.
En ese contexto, afirmó que la situación responde a una estrategia política. Según su postura, el objetivo es desacreditar sus declaraciones sobre el sistema electoral.
Por otra parte, reiteró que se mantiene firme. Subrayó que continuará denunciando lo que considera irregularidades dentro del organismo electoral.
Ochoa, representante en el Consejo Nacional Electoral por el partido izquierdista Libre, ha tenido una gestión polémica. Incluso está involucrado en un sonado caso de intervenciones de comunicaciones sin autorización judicial.
El primer juicio político de la historia hondureña ocurrió a finales de marzo y terminó en la destitución del fiscal general, Johel Zelaya, y la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia.