El Congreso de la República superó el veto presidencial de Bernardo Arévalo y aprobó la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, contenida en el Decreto 7-2025. Con 86 votos, los diputados ordenaron la publicación inmediata de la norma, argumentando que el Ejecutivo presentó el veto fuera del plazo constitucional.
El Legislativo respaldó el acuerdo 6-2025, que deja sin efecto el veto presidencial. La decisión se produjo tras un intenso debate en el pleno, en el que la oposición aseguró que el documento remitido por la Presidencia carecía de un artículo de vigencia, requisito fundamental para su validez.
Debate por error técnico en el veto
Según el diputado Álvaro Arzú Escobar, del Partido Unionista, la ausencia de ese artículo provocó que el veto no entrara en vigencia dentro de los 15 días que establece la Constitución. “No podemos conocer un acuerdo que no está vigente ni un veto presentado fuera del plazo constitucional”, explicó Arzú ante el pleno.
El legislador Allan Rodríguez, del bloque Vamos, respaldó esa interpretación y añadió que el Ejecutivo perdió el tiempo legal para vetar la ley. “El veto entra en vigencia el jueves, pero el plazo venció ayer”, afirmó.
#AHORA Así fue la reacción y festejo de los diputados de Vamos, luego que con 84 votos favorables se aprobó la moción privilegiada presentada por el diputado Álvaro Arzú Escobar que da por sancionado el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos… pic.twitter.com/EfXPxv35ce
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 7, 2025
Los diputados de oposición señalaron a la Secretaría General de la Presidencia como responsable del error. El diputado Elmer Palencia, del bloque Valor, criticó duramente al Ejecutivo y lo acusó de reiterar fallas técnicas. “Hasta citan artículos que no existen en la ley; no es la primera vez”, declaró.
Oficialismo defiende el veto presidencial
Diputados oficialistas argumentaron que el veto fue emitido correctamente. El congresista Raúl Barrera recordó que el artículo 178 de la Constitución no exige que el acuerdo incluya un artículo de vigencia. “El veto no es una norma jurídica, es un control político constitucional”, señaló.
El presidente del Congreso, Nery Ramos, también intentó defender la posición del Ejecutivo. “En vigencia o no vigencia, se recibió. La Constitución establece que debe devolverse”, afirmó. Sin embargo, la mayoría parlamentaria no respaldó esa postura.
🚨🗣️El diputado Raúl Barrera considera que el Congreso “abusó de la facultad de emitir acuerdos”, por lo que en las próximas horas presentará una acción de amparo ante la CC.#Veto #BernardoArévalo #Decreto #Codedes #Congreso #Sesión pic.twitter.com/Xk94ER18Qb
— Canal Antigua (@CanalAntigua) October 8, 2025
Oposición acusa al Ejecutivo de error intencional
La votación final reflejó una amplia división: 86 votos a favor, 51 en contra y 23 ausencias. El diputado Orlando Blanco, de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), señaló que tanto el veto como la decisión legislativa presentan vacíos legales. “Hay torpeza del secretario general de la Presidencia y falta de votos para rechazar el veto”, dijo.
Su compañero de bancada José Chic fue más allá, sugiriendo un error intencional para evitar el desgaste político del presidente Arévalo. “Parece un error planificado para que el Legislativo asuma el costo político”, afirmó.
Gobierno anuncia acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad
Tras la decisión del Congreso, el Gobierno anunció que interpondrá acciones legales para impedir que el decreto entre en vigencia. En un comunicado oficial, la Presidencia afirmó que el veto fue presentado dentro del plazo constitucional y que el Congreso actuó con “argucias y argumentos espurios”.
El Gobierno de Guatemala informa: pic.twitter.com/kjMP0xMrTv
— Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) October 8, 2025
“El Presidente decidió no sancionar una iniciativa que claramente era inconstitucional. Los diputados retorcieron el procedimiento”, indicó el comunicado.
El Ejecutivo advirtió que acudirá a la Corte de Constitucionalidad (CC) para hacer valer su decisión y evitar que una norma “peligrosa, que sacrifica la transparencia y la calidad del gasto público”, entre en vigor.
Apoyo municipal y reacciones políticas
El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Sierro, felicitó a los diputados que aprobaron el decreto. “Dieron prioridad al desarrollo local y resistieron presiones y amenazas del oficialismo”, publicó en la red X.
Sierro señaló además que el equipo presidencial cometió un error técnico en el veto. “Este decreto pone fin a la extorsión en la emisión de avales y al condicionamiento en las votaciones del Congreso”, añadió.
Camino legal de una ley en Guatemala
De acuerdo con la legislación guatemalteca, toda norma debe seguir un proceso de aprobación, envío, sanción o veto, y publicación. El Presidente cuenta con 15 días para sancionar o vetar una ley; si no lo hace, el Congreso puede ordenar su publicación directa, como ocurrió en este caso.
La batalla institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo se mantiene abierta, mientras el futuro del decreto dependerá ahora de lo que resuelva la Corte de Constitucionalidad.