El Congreso Nacional aprobó con 90 votos la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano. La norma autoriza una reestructuración del Estado para reducir el gasto público y ordenar las finanzas.
La ley declara de interés nacional la racionalización del gasto y establece medidas fiscales extraordinarias y temporales. El objetivo es recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas y preservar el equilibrio macroeconómico.
¿Qué permite la nueva ley?
La Ley de Reactivación Económica faculta al Poder Ejecutivo a aplicar cambios profundos en la administración pública. Estas medidas incluyen la supresión, fusión o reducción de instituciones estatales.
Además, el Ejecutivo podrá ordenar la reducción forzosa de servicios o de personal. Esto aplica a empleados con nombramiento oficial o contrato, cuando existan razones presupuestarias.
La normativa también permite reorganizar oficinas públicas para hacerlas más eficientes y menos costosas. En todos los casos, el Estado debe pagar las indemnizaciones conforme a la ley y según la disponibilidad de fondos.
La aprobación se logró con una amplia mayoría de votos, luego de que se integraran con éxito las observaciones realizadas por la bancada del Partido Liberal 🚩🤝. ¡Un paso decisivo para el crecimiento y el bienestar de todos!
— Congreso Nacional de Honduras (@hn_congreso) February 26, 2026
Si un trabajador rechaza la indemnización, la autoridad podrá consignar el pago ante una instancia administrativa o judicial. Con ello, el Estado evita que aumenten los montos reclamados.
Aplicación en todo el sector público
La ley ordena que las instituciones de la administración central y descentralizada apliquen las medidas fiscales y administrativas previstas. Las municipalidades también podrán adoptar estas disposiciones, según sus normas internas.
Por otra parte, la norma exige que cada institución envíe un informe semestral al Congreso sobre las decisiones adoptadas.
Cambios en pagos judiciales y embargos
La ley introduce reglas específicas para el pago de sentencias contra el Estado. Cuando un tribunal ordene un embargo, deberá notificar a la Tesorería General y a la institución condenada.
El pago se ajustará a la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, la ley protege tres áreas prioritarias: servicio de deuda pública, salarios y funcionamiento básico de las instituciones.
Gracias al @hn_congreso , fue aprobada la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, una iniciativa que dinamizará la economía y proporcionará un marco legal para la regularización de embargos, garantizando a la vez los derechos de los trabajadores.#ResponsabilidadFiscal
— Emilio Hercules (@eehercules) February 26, 2026
Si una obligación no se paga en 12 meses, el juzgado podrá ejecutar la sentencia mediante un procedimiento de apremio. Además, las cantidades pendientes generarán intereses legales.
La Secretaría de Finanzas deberá incluir estos compromisos en el presupuesto siguiente. La Procuraduría General llevará un registro de las sentencias firmes.
Conciliaciones y arbitrajes nacionales e internacionales
La normativa autoriza a la Procuraduría General a realizar conciliaciones judiciales y participar en arbitrajes nacionales o internacionales. El objetivo es evitar mayores perjuicios económicos al Estado.
Para acuerdos que superen 5 millones de lempiras ($189,000), se requerirá opinión favorable de una comisión especial de diputados. Luego, el juez deberá homologar el convenio.
Este mecanismo aplica también a instituciones descentralizadas y municipalidades, con autorización de sus órganos directivos.
Revisión y cancelación de contratos
La Ley de Reactivación Económica permite revisar actos y contratos firmados antes de su entrada en vigor. Las autoridades podrán anular, cancelar o modificar decisiones que no cumplan requisitos legales o carezcan de respaldo presupuestario.
Esto incluye contratos de personal, adquisiciones de bienes y servicios, obras públicas y concesiones. El fin es asegurar un manejo responsable de las finanzas públicas.
Asimismo, la Secretaría de Finanzas podrá realizar ajustes presupuestarios entre gasto corriente y de capital, previa aprobación legislativa cuando corresponda.
Objetivo económico y administrativo
Según el dictamen, la ley busca fortalecer la institucionalidad y mejorar la gestión de ingresos. También pretende optimizar el uso de recursos públicos y generar condiciones para el crecimiento económico.
Con estas medidas, el gobierno podrá ejecutar un proceso de reestructuración del Estado. Esto implica reducir estructuras, ajustar personal y reorganizar entidades públicas para enfrentar la crisis fiscal.
La ley tiene carácter obligatorio y temporal. Su aplicación marcará una nueva etapa en la administración financiera del país.