La magistrada Alba Luz Ramos renunció el pasado 25 de agosto a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, cargo que ya no ejercía desde hacía casi tres años, según una certificación de la Asamblea Nacional publicada este viernes en el diario oficial La Gaceta.
Ramos, quien también dimitió como magistrada propietaria, permanecía fuera de sus funciones desde el 24 de octubre de 2023, cuando la sacó de su oficina el entonces asesor de seguridad del régimen, Horacio Rocha, en el marco de una purga en el Poder Judicial.
Esta misma semana, la dictadura de Daniel Ortega presentó a la sancionada exfiscal general Ana Julia Guido Ochoa como presidenta “por ley” de ese poder del Estado.
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Diputados de Ortega aceptan “renuncia”
En la carta de renuncia, difundida en La Gaceta, Ramos se identifica como militante del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y atribuye su salida a razones de salud.
“Después de tantos años de servicio (…) considero que ha llegado el momento de concluir mis responsabilidades institucionales y acogerme a mi jubilación y mi familia”, señala el texto.
El argumento es el mismo que usaron el año pasado otros seis magistrados: Armando Juárez, Yadira Centeno, Ellen Lewin, Armengol Cuadra, Virgilio Gurdián y Manuel Martínez.
Según la certificación oficial, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional conoció y aceptó la solicitud de Ramos dos días después de la fecha que consta en la carta, en una reunión celebrada el 27 de agosto.
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¿Sigue libre?
Desde su salida de la CSJ en 2023, Ramos no ha vuelto a aparecer en público. En mayo pasado, medios oficialistas difundieron una carta atribuida a ella, sin firma, en la que se negaba que estuviera detenida o hubiera abandonado el país, y en la que reafirmaba su lealtad a Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo.
La renuncia se produce mientras la dictadura concluye un proceso de “consulta” sobre una reforma electoral que ampliaría a siete años, prorrogables, los períodos en los principales cargos de gobierno, así como en las jefaturas del Ejército y la Policía.
El régimen de Ortega y Murillo, en el poder desde hace 19 años, según organismos internacionales de violaciones a los derechos humanos comete crímenes de lesa humanidad desde 2028.
Entre ellos privación de nacionalidad y represión transnacional, y mantiene al menos 60 presos políticos, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos.