Al menos 23 personas consideradas presas políticas permanecen en condición de desaparición forzada en Nicaragua, según denunció este 30 de agosto el Colectivo Nicaragua Nunca Más, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
La organización sostuvo que la desaparición forzada continúa siendo utilizada por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo como un mecanismo de persecución, castigo y control contra opositores, críticos y personas percibidas como tales. El colectivo enmarca estas prácticas dentro de la represión iniciada después de las protestas de abril de 2018 y atribuye a fuerzas estatales y grupos paraestatales la muerte de al menos 355 nicaragüenses desde entonces.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua estima que al menos 60 personas permanecen encarceladas por motivos políticos, de las cuales 23 estarían desaparecidas. La denuncia señala que las autoridades niegan información sobre algunos detenidos, restringen el contacto con familiares y abogados y mantienen bajo reserva sus condiciones de reclusión.
Entre los casos recientes figura Ricardo José Mendoza Yrigoyen, de 64 años, detenido por agentes estatales el 23 de enero de 2026 durante un operativo realizado en su vivienda en Managua. De acuerdo con el colectivo, desde esa fecha su familia desconoce su ubicación y las gestiones efectuadas ante instituciones policiales, judiciales y penitenciarias no permitieron obtener información sobre su paradero.
La organización también mencionó al coronel en retiro Carlos Ramón Brenes Sánchez y su esposa, Salvadora del Socorro Martínez Aburto, detenidos el 14 de agosto de 2025. Aunque en abril de 2026 se conoció que ambos habían recibido condenas de 15 años de prisión, sus familiares no han podido verificar directamente dónde se encuentran, su estado físico ni las condiciones en las que permanecen recluidos.
Las exigencias de información y pruebas de vida se extienden a Víctor Boitano Coleman, detenido desde abril de 2024; Eddie Moisés González Valdivia, Douglas Gamaliel Alvarez Morales y Larry Javier Martínez Romero, además de otras personas cuyas identidades permanecen reservadas por seguridad de sus familias. Angélica Patricia Chavarría Altamirano, por su parte, fue mostrada en un video oficialista en mayo después de permanecer dos años desaparecida, según la denuncia.
El colectivo destacó además el caso del líder indígena miskito Brooklyn Rivera Bryan, quien permaneció oculto por más de 970 días. La organización aseguró que fue presentado públicamente cuando se encontraba en estado crítico y murió bajo custodia estatal pocos días después, un desenlace que considera una muestra de los riesgos que supone mantener incomunicadas durante períodos prolongados a personas privadas de libertad.
El Colectivo Nicaragua Nunca Más exigió la liberación de todas las personas que considera presas políticas y pidió a las autoridades informar inmediatamente sobre el paradero y las condiciones de quienes continúan detenidos. También reclamó pruebas de vida verificables y contacto presencial y periódico de los reclusos con sus familiares y representantes legales.