Congresista Mario Díaz-Balart busca convencer a Trump de proteger a migrantes que huyeron de la dictadura nicaragüense

En un contexto de creciente presión migratoria y protestas inminentes en la capital estadounidense, el congresista republicano Mario Díaz-Balart afirmó que está en conversaciones con la administración del presidente Donald Trump para crear una vía legal que beneficie a miles de migrantes con el formulario I-220A, muchos de ellos nicaragüenses que huyeron de la represión bajo el régimen de Daniel Ortega.
“Estamos en conversaciones con la administración para buscar una solución que permita a quienes tienen I-220A obtener un estatus legal”, declaró Díaz-Balart en una entrevista con Telemundo 51.
El legislador, representante del estado de Florida, ha sido una de las voces más consistentes del Congreso en defensa de los migrantes provenientes de regímenes autoritarios en América Latina.
El formulario I-220A es un documento de libertad condicional que permite a los migrantes permanecer temporalmente en Estados Unidos mientras se resuelve su situación migratoria. Sin embargo, no otorga estatus legal permanente ni ofrece garantías contra la deportación, lo que deja a quienes lo portan en una especie de limbo legal, sin posibilidad de regresar a sus países sin exponerse a represalias ni de avanzar en un proceso de regularización.
“Muchos que llegan de Cuba, Nicaragua y Venezuela tienen casos legítimos de asilo. A diferencia del presidente Biden, estoy trabajando para que esas personas tengan acceso a un proceso justo, donde sus casos se evalúen individualmente”, escribió Díaz-Balart en sus redes sociales, insistiendo en la necesidad de distinguir entre migrantes que huyen por razones políticas y quienes ingresan al país mediante redes irregulares.
Díaz-Balart no está solo en su esfuerzo. Cuenta con el respaldo de otros influyentes legisladores floridanos, como Carlos Antonio Giménez y María Elvira Salazar, quienes han solicitado a la Casa Blanca ampliar medidas de protección temporal, como el DED (Deferred Enforced Departure), para migrantes de Nicaragua, Cuba y Venezuela que actualmente se encuentran bajo libertad condicional migratoria.
En sus declaraciones, el congresista también criticó duramente la política migratoria de la administración Biden, calificándola como “un desastre de proporciones históricas”.
Según Díaz-Balart, el gobierno demócrata permitió un ingreso descontrolado de migrantes a través de redes de tráfico humano, mientras miles de solicitantes legítimos esperaban años para acceder a un proceso legal.
La presión por una solución aumenta en momentos en que grupos de migrantes cubanos y nicaragüenses con I-220A se preparan para protestar esta semana en Washington D.C., al cumplirse los primeros 100 días del segundo mandato de Trump. Los manifestantes exigen una respuesta clara del gobierno federal sobre su futuro migratorio, en medio de crecientes deportaciones y cambios en los criterios de admisión.
El futuro de miles de migrantes nicaragüenses, que huyeron de una dictadura acusada de crímenes de lesa humanidad, permanece incierto.
El Congreso y la Casa Blanca deberán decidir si su caso será tratado como una prioridad humanitaria o como parte del endurecimiento general de las políticas migratorias bajo el nuevo gobierno.