El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y otras 21 organizaciones defensoras de la libertad de prensa emitieron este viernes una declaración conjunta para rechazar nuevas leyes aprobadas recientemente en El Salvador y Nicaragua, las cuales consideran una amenaza directa a derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho de asociación y la defensa de los derechos humanos.
La declaración denuncia que estas normativas fueron aprobadas de forma apresurada y sin debate público, reflejando una intención de restringir las voces críticas en ambos países. Las organizaciones advierten que estas medidas forman parte de un patrón regional preocupante de cierre del espacio cívico y uso autoritario de la legislación.
The Committee to Protect Journalists joined 21 other international and local press freedom organizations in a joint statement Friday rejecting laws approved in El Salvador and Nicaragua https://t.co/KuxqILwlXS
— CPJ Américas (@CPJAmericas) May 30, 2025
Nicaragua: nacionalidad como arma política
En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega reformó los artículos 23 y 25 de la Constitución Política para restringir la nacionalidad a quienes adquieren otra ciudadanía, medida aprobada sin contrapesos por la Asamblea Nacional el 16 de mayo de 2025. Esta reforma agrava la situación de periodistas y defensores de derechos humanos en el exilio, a quienes el Estado ya ha despojado de pasaportes, les niega el ingreso al país y, de facto, los ha dejado sin nacionalidad.
Organizaciones firmantes alertan que esta medida viola la dignidad humana y utiliza la nacionalidad como instrumento de castigo político. En este contexto, al menos 20 periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica han solicitado medidas de protección ante el riesgo legal y personal que enfrentan.
El Salvador: Ley de Agentes Extranjeros preocupa a defensores
En el caso de El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó la nueva Ley de Agentes Extranjeros con 58 votos, promovida por el oficialismo liderado por Nayib Bukele. La normativa impone un impuesto del 30 % a las donaciones extranjeras destinadas a organizaciones no gubernamentales (ONGs) y establece un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX).
Si bien el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, calificó la medida como “un buen día para el país”, también estigmatizó públicamente a las organizaciones sociales, acusándolas de ser “maleantes disfrazados de ONG”. Aunque la ley establece excepciones para entidades de salud, en la práctica restringe el trabajo de organizaciones defensoras de derechos humanos, obligándolas a entregar información sensible al gobierno.
Las organizaciones firmantes recuerdan que el acceso a financiamiento y la labor independiente de la sociedad civil son fundamentales en una democracia, y temen que la ley sea utilizada para persecución selectiva.
Llamado a la comunidad internacional
Ante estas situaciones, las 22 organizaciones, entre ellas Reporteros Sin Fronteras, ARTICLE 19, Revista GatoEncerrado y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), pidieron a la comunidad internacional mantener una vigilancia activa sobre las acciones de los gobiernos de El Salvador y Nicaragua. También exhortaron a los actores regionales a pronunciarse de manera crítica y exigir que ambos países adecúen sus legislaciones a los estándares internacionales de derechos humanos.
El pronunciamiento concluye con una advertencia clara: el robustecimiento de marcos legales represivos en Centroamérica pone en riesgo no solo la libertad de prensa, sino también el futuro democrático de la región.
