La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una resolución en la que exige al Estado de Guatemala ofrecer una disculpa pública y medidas de reparación a los ciudadanos Roberto Arzú García Granados y David Esteban Pineda Barrios, quienes fueron injustamente impedidos de participar en las elecciones generales de 2023.
La decisión fue confirmada este 24 de enero por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh).
Este fallo afecta a 3 casos en los que el Estado guatemalteco fue señalado por violaciones a los derechos humanos.
En este sentido, Marva Weatherborn, portavoz de la Copadeh, explicó que, a través de un mecanismo de solución de controversias establecido por la CIDH, se lograron acuerdos de reparación en los casos de Arzú y Pineda, así como en otros dos casos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos en el pasado.
El Estado de Guatemala y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han reconocido que se cometieron abusos al impedir mi inscripción como candidato.
Con esto se ha logrado que nunca más un régimen corrupto pueda descalificar candidatos con el fin de manipular las… pic.twitter.com/gaOuxWoJmz
— Roberto Arzú (@robertoarzugg) January 24, 2025
En su comunicado, Weatherborn subrayó que, en el caso de Arzú y Pineda, las víctimas decidieron no solicitar indemnización económica por los daños sufridos, lo que evitó que los casos fueran llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su lugar, se acordó una reparación simbólica a través de una disculpa pública por parte del Estado, cuyo compromiso fue ratificado en el acuerdo.
El Estado guatemalteco, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, asumió su responsabilidad por las violaciones cometidas durante el proceso electoral de 2023 y se comprometió a garantizar que tales situaciones no se repitan en futuras elecciones.
La disculpa pública se llevará a cabo en una conferencia de prensa oficial que se convocará dentro de los próximos 10 días hábiles.
En dicho evento participarán representantes de la Copadeh, la Procuraduría General de la Nación, las víctimas y sus representantes, así como los medios de comunicación.
Renuncia a resarcimiento de Arzú
Por su parte, Roberto Arzú, quien fue víctima de lo que considera un abuso por parte del Estado al impedirle registrarse como candidato, declaró en sus redes sociales que no aceptará ninguna forma de compensación económica.
El empresario y político enfatizó que su lucha siempre ha sido por la preservación de la democracia y la libertad, y que su principal objetivo es que nunca más un régimen corrupto pueda manipular las elecciones.
“Gracias a este reconocimiento, hemos logrado que nunca más un régimen corrupto pueda descalificar candidatos con el fin de manipular las elecciones”, expresó Arzú.
Al mismo tiempo, reiteró que renunciaba a cualquier tipo de resarcimiento económico, destacando que su objetivo es más grande: el fortalecimiento de la democracia.
Este proceso de reparación y la disculpa pública ordenada por la CIDH marca un hito en el reconocimiento de las violaciones a los derechos civiles y políticos en Guatemala, y reafirma la importancia de garantizar la transparencia electoral y el respeto pleno a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
