La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de cinco presos políticos en Nicaragua, luego de determinar que se encuentran en riesgo grave y urgente de sufrir daños irreparables a su vida e integridad personal.
En la Resolución 65/2025, adoptada el 16 de septiembre de 2025, la CIDH favoreció a Armando José Bermúdez Mojica, Olga María Lara Rojas, Pedro José López Calero, Jessica María Palacios Vargas y Rudy Antonio Palacios Vargas, todos arrestados el 17 de julio de 2025 en sus domicilios por agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (DOEP) en Jinotepe, Carazo.
De acuerdo con la solicitud recibida por la CIDH, las detenciones se habrían ejecutado como represalia política, debido a que los cinco ciudadanos pertenecen a una familia crítica del régimen nicaragüense. Desde entonces, sus familiares aseguran no tener información sobre su paradero ni acceso a ningún tipo de comunicación con ellos.
Sin información oficial del Estado
Pese a los esfuerzos realizados por sus allegados, quienes han acudido a distintos centros penitenciarios para buscar información, la dictadura nicaragüense no ha proporcionado datos oficiales sobre su ubicación o situación legal. Además, la CIDH indicó que tampoco ha recibido respuesta del Estado nicaragüense sobre las circunstancias de las detenciones.
El organismo regional observó que no existen registros públicos sobre expedientes judiciales, acusaciones formales, procesos penales en marcha o si los detenidos han sido presentados ante tribunales. Tampoco se ha confirmado si tienen acceso a asistencia legal o atención médica, lo que agrava su condición de vulnerabilidad.
Ante esta situación, la CIDH solicitó al Estado de Nicaragua una serie de acciones urgentes, en cumplimiento del artículo 25 de su Reglamento, para garantizar los derechos de las personas detenidas: Determinar el paradero y situación actual de los beneficiarios, informar si han sido acusados formalmente y presentados ante autoridad judicial, o explicar las razones de su detención sin cargos y aclarar las condiciones de detención, acceso a familiares, abogados y atención médica.
La situación de los presos políticos en Nicaragua ha sido reiteradamente denunciada por organismos internacionales, en un contexto marcado por la represión a la disidencia, detenciones arbitrarias y la falta de transparencia judicial en ese país.