Un tribunal de Costa Rica ordenó la extradición a Nicaragua de Pedro Javier Fernández Sandoval, un opositor crítico del régimen de Daniel Ortega, acusado de participar en el supuesto asesinato de una oficial de policía y un civil durante un asalto armado ocurrido el 1 de octubre de 2022 en Río San Juan.
La resolución se enmarca en la misma causa en la que fueron implicados los nicaragüenses Douglas Gamaliel Álvarez y Reinaldo Picado Miranda.
Álvarez fue extraditado en febrero de 2024 y organizaciones lo califican como “prisionero político desaparecido”, mientras que Picado recibió refugio en Costa Rica tras ser liberado.
Clamor de exiliados
Diversas organizaciones opositoras han cuestionado la decisión judicial, al señalar que las acusaciones responden a una estrategia política del régimen Ortega-Murillo.
La Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) sostuvo en un comunicado que los señalamientos son falsos y que, en la fecha de los hechos, Fernández trabajaba como jardinero en una institución pública costarricense.
En el mismo sentido, el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) denunció una “fabricación de pruebas y relatos” por parte de la justicia nicaragüense.
“Si la extradición se concreta, sus derechos humanos serían violados flagrantemente y sería sometido a torturas y aislamiento”, advirtió la organización.
El GREX y otras plataformas anunciaron que presentarán recursos para frenar la entrega, alegando riesgo de tortura, tratos inhumanos y detención arbitraria.
Fernández, de 30 años de residencia en Costa Rica, es reconocido por colectivos en el exilio como opositor político. Su caso se suma a una serie de procesos judiciales que, según ONG internacionales, el régimen utiliza para perseguir a disidentes.
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