A siete años del estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este jueves la continuidad de la represión estatal, el desmantelamiento institucional y la consolidación de un régimen autoritario encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La CIDH recordó que más de 300 personas fueron asesinadas durante la represión estatal iniciada el 18 de abril de 2018 y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familiares. La Comisión advirtió que la situación de derechos humanos en Nicaragua sigue siendo una de las más críticas del continente y continúa en deterioro constante.
A través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la Comisión continúa recibiendo información sobre detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, violaciones al debido proceso, destierros y la privación arbitraria de nacionalidad. A la fecha, se reportan 42 personas encarceladas por motivos políticos y más de 2,000 detenciones arbitrarias desde el inicio de la crisis.
Las reformas constitucionales impuestas este año refuerzan el poder absoluto del Ejecutivo mediante una estructura de co-presidencia que legaliza el autoritarismo y elimina los contrapesos democráticos. Según la CIDH, estas reformas violan estándares internacionales de derechos humanos y consolidan un Estado carente de institucionalidad democrática.
Desde 2018, el régimen ha cancelado arbitrariamente 5,441 organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas dedicadas a labores sociales, educativas y religiosas. En numerosos casos, además, se ha documentado la confiscación ilegal de sus bienes. En paralelo, continúa la persecución a periodistas, defensores de derechos humanos, artistas y cualquier figura opositora, incluyendo bloqueos digitales y cierre de medios como Confidencial, La Prensa y 100 % Noticias.
La represión también alcanza al ámbito religioso. Desde 2023, al menos 46 religiosos fueron detenidos y posteriormente expulsados. El gobierno mantiene restricciones a las celebraciones públicas de fe, interviene sermones y vigila comunidades religiosas, además de confiscar propiedades eclesiásticas.
En la Costa Caribe, las comunidades indígenas y afrodescendientes siguen enfrentando violencia sistemática por parte de colonos armados que buscan despojarlos de sus territorios ancestrales, mientras el Estado permanece inactivo. Esta situación ha provocado desplazamientos forzados y consolidado un patrón de impunidad y desprotección.
La Comisión también denunció el despojo arbitrario de la nacionalidad a más de 450 personas, generando casos de apatridia. Desde enero de 2024 se han documentado 290 rechazos de ingreso al país y 348 actos de represión migratoria. En total, más de 400,000 nicaragüenses se han visto forzados a huir para proteger su vida e integridad.
La CIDH urgió al régimen de Ortega a cesar de inmediato las violaciones a los derechos humanos, restablecer el Estado de derecho y liberar a todas las personas detenidas por motivos políticos. Además, instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos y adoptar medidas concretas para recuperar la democracia en Nicaragua.
Finalmente, la CIDH reiteró su compromiso de continuar observando y denunciando la situación en el país mediante el MESENI, publicando actualizaciones constantes en su sitio web oficial. La Comisión, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), subrayó su mandato de promover y proteger los derechos humanos en el continente.
